Héctor Tapia
Una de las prioridades en materia legislativa, para el periodo ordinario de sesiones que está por comenzar en la Cámara de Diputados, será volver a poner en la mesa una reforma en materia político electoral, donde se retome fundamentalmente la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos.
Cabe señalar que este tema ya había sido rechazada en el periodo ordinario de sesiones anterior, por no haber alcanzado las dos terceras partes de los legisladores que se requerían; ahora sería presentada como iniciativa preferente por parte del Ejecutivo.
Esta reforma se tiene que dar antes de mayo para que tenga aplicabilidad frente al proceso electoral venidero.
Ante esto, Carlos Torres Piña, integrante de la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro, detalló que este es un tema que será planteado en la reunión que tendrán los diputados de este grupo parlamentario, antes de que inicie el siguiente periodo.
La fracción parlamentaria de Morena tendrá su reunión plenaria los días 29, 30 y 31 de este mes, donde habrán de plantear las prioridades que como bancada tendrán para cuando se reinicie el periodo ordinario de sesiones, el cual comenzará a aplicar o funcionar ya con un mes más de extensión en el periodo ordinario, luego de que se reformara la Ley Orgánica del Congreso, por lo que ahora sesionarán por un mes más, es decir, se extenderá hasta el mes de mayo.
Son tres los temas prioritarios, uno tiene que ver con las leyes secundarias en materia de Salud, también está una serie de reformas en materia laboral, y la tercera, que son prioritarias para esta administración federal, es la político electoral.
La reducción de las prerrogativas se meterá de nuevo a la agenda del legislativo en los primeros días de febrero; “se insistirá en que la reducción se haga en los mismos términos, y se valorará el planteamiento que hizo en su momento el PT, quien trata aspectos de proporcionalidad sobre lo que quede, lo que haría que el PT acompañe la iniciativa”.
Torres Piña dijo que tal vez con la suma del PT, el PES y el Verde, ahora sí podría avalarse esta propuesta, que tiene que quedar antes de mayo, que es la fecha límite para una reforma de este tipo político electoral.
Otros aspectos que se prevé contenga esta reforma, son como el de fiscalización, la regularización de los órganos desconcentrados, que haya una mayor coordinación entre órganos electorales para no duplicar actividades, entre otros aspectos.
A media legislatura, el diputado federal Carlos Torres dijo que desde la Cámara de Diputados se han sentado las bases de la “gran transformación” que viene impulsando Andrés Manuel López Obrador, y desde la Cámara Baja, dijo, es donde se han construido los instrumentos legales para que existan las herramientas adecuadas para respaldar al gobierno federal.
Sí, dijo, hay algunos pendientes todavía en los cuales se deben reforzar los trabajos, como lo son el de seguridad; sin embargo, apuntó, hay avances fundamentales como lo es en la cobertura de los programas sociales federales. “En términos generales se va avanzando”, explicó.
Torres Piña remarcó que el periodo de sesiones que está por comenzar “será fundamental porque es el último periodo donde se discuten algunos temas de interés del Ejecutivo federal, para que queden plasmados en la Ley, como lo de los programas sociales”.
En contraparte, dijo, a partir de septiembre será un poco más relajado en cuanto a prioridades del Ejecutivo, y se irán desahogando los temas que tienen también las fracciones parlamentarias.
En política electoral, dijo, “si en los estados no se hacen adecuaciones aplicará la Ley federal” en el proceso electoral inmediato, “pero lo ideal es que se hagan las adecuaciones, y creo que si se dan estas reformas constitucionales, esta tendría que darse entre febrero y marzo para que en abril y mayo tengamos leyes secundarias”, indicó.
En cuanto a la comisión de vivienda, que preside en la Cámara de Diputados, Carlos Torres Piña dijo que se hicieron varios foros al respecto, y han resultado una batería de 32 iniciativas de reforma, que contemplan reformas que puedan beneficiar tanto a quienes son derechohabientes del FOVISSSTE como del Infonavit, pero además a quienes no lo son.
En este último caso, dijo, se busca que la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) sea la encargada directa de proveer créditos de vivienda al 85% de los mexicanos que no cuentan o no tienen derecho a los créditos a través de FOVISSSTE o del Infonavit.
También se revisan reformas en función de las características de la construcción de vivienda de tipo social, “que no sean pequeñas, que tengan características adecuadas, meter materiales que no tengan impacto negativo en el medio ambiente”.
En este sentido, reconoció, modificaciones legales en este sentido han despertado algunas resistencias en el sector de la construcción, porque argumentan que se encarecerían las construcciones; sin embargo, una iniciativa de este tipo es necesaria y oportuna.
