Metapolítica
Morelia, Michoacán.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este miércoles que el Informe de los 100 días del Cuarto Año de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador constituyó propaganda gubernamental personalizada difundida en periodo prohibido.
A través de un comunicado, la Sala Superior del TEPJF confirmó la resolución emitida por la Sala Regional Especializada, además de señalar que se emplearon recursos públicos para difusión del informe, el cual fue presentado en un evento realizado el pasado 12 de abril.
Cabe señalar, que en la valoración regional se determinaron existentes violaciones electorales, se sancionó a las concesionarias de radio y televisión y se le dio vista al superior jerárquico de las personas funcionarias públicas correspondientes.
Esta determinación fue impugnada por el presidente, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, diversas concesionarias públicas y personas del servicio público, entre otros.
Por este motivo la Sala Superior, a propuesta del magistrado Indalfer Infante Gonzales, confirmó por unanimidad la decisión de la Sala Regional Especializada.
Estas fueron las consideraciones del TEPJF
En primer lugar, el TEPJF consideró que el contenido del evento reúne las características de la propaganda gubernamental: dar a conocer logros y acciones de gobierno, con la finalidad de que la población en general tenga conocimiento de las mismas.
Por lo este motivo “su difusión durante la etapa de campañas de diversos procesos electorales locales actualiza infracción a las normas constitucionales y legales que rigen la materia electoral”.
En segundo lugar, indicó que las concesionarias de radio y televisión debieron tomar las medidas necesarias para evitar la difusión de propaganda gubernamental y personalizada, ya que están obligadas a salvaguardar los principios y funciones del sistema de comunicación política.
Finalmente, acusó que las concesionarias incurrieron en el uso indebido de recursos, ya que son entes de la administración pública que reciben financiamiento público y, por tanto, tienen la obligación de aplicarlos con imparcialidad.
