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Morelia, Michoacán.- Con firmeza, la diputada integrante de la Comisión Especial de Investigación y Combate a la Desaparición de Personas y los Desplazamientos Forzados en el Congreso de Michoacán, Margarita López, hizo un llamado para que se dictaminen las cuatro leyes pendientes en comités que están desde el 2021, lo cual impide dar justicia a los familiares de las víctimas de desaparecidos.
Asimismo, denunció que a nivel nacional El Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de defensores de derechos humanos y periodistas está secuestrado a través de la comparsa y compadrazgo y que se debe regular y democratizar, como lo ha propuesto el propio presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
Durante la “Presentación del Informe del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas” la legisladora puntualizó la cruda realidad que vive Michoacán como un estado rezagado a nivel nacional en materia jurídica, junto con una crisis forense, carencia de recursos para la identificación de restos humanos, falta de sensibilidad en muchas de autoridades judiciales e incertidumbre en las competencias de cada instancia.
En Michoacán como en el país, destacó, se cuenta con un presidente y un gobernador sensibles y hoy se tiene la oportunidad de establecer el marco jurídico necesario para contrarrestar la impunidad que éste vacío legal genera.
Con respecto al evento, Margarita López reflexionó sobre las cifras crudas expone que son más de 52 mil personas fallecidas sin identificar a nivel nacional y reconoció el esfuerzo de realizar un foro que permita sensibilizar a los servidores públicos y la sociedad en general.
Lamentó los datos expuestos, aun así dijo que los números oficiales son, por mucho, lejanos a la realidad. “El temor a denunciar va de la mano con la impunidad, lo cual es en México un rasgo estructural que lamentablemente favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas, lo que pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, así como a defensores de derechos humanos y periodistas”.
La legisladora relató la lucha que han realizado las madres buscadoras, la cual no ha sido nada fácil, por el dolor que casusa la desaparición de una familiar, “además de enfrentar o encontrar en nuestro camino servidores públicos sin empatía que nos revictimizan y socavan nuestra dignidad”.
Michoacán en el vacío legal
Dejó en claro que el comité reconoce los avances para cambiar poco a poco esta realidad a nivel nacional y al día de hoy se cuente con un marco legal nacional acorde a las recomendaciones internacionales en la materia, sin embargo hizo un llamado firme a sus compañeros legisladores, para que entiendan la relevancia e importancia que se puede lograr al tener un marco legal a favor de las víctimas y de los familiares de las víctimas, quienes no sólo salen al campo a buscarlos, sino que también participaron, junto con organizaciones para establecer iniciativas de ley que a la fecha se han sido ignorado.
Estas son la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo, Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, Ley del Banco de Datos Genéticos y una nueva Ley de Víctimas del Estado de Michoacán de Ocampo, sin embargo “lastimosa e inexplicablemente ninguna iniciativa de ley se ha dictaminado por las comisiones a las que fueron turnadas”, de forma respetuosa solicitó a quienes tienen la alta responsabilidad de atender el tema, que “por favor contribuyan para que en Michoacán tengamos un marco legal”.
Resaltó que en Michoacán sólo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas han sido judicializados y pasa lo mismo en el país, ya que sólo se han emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional.
Por último y no menos importante Margarita López hizo un duro análisis de cómo la elección de consejeros está secuestrada por intereses personales desde su creación ante la falta de normatividad para los procesos de selección.
Refirió lo sucedido durante la última convocatoria “contrario a lo que prevé la ley, que los periodos serán de 4 años con posibilidad de una reelección” los integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas sin ninguna razón, establecieron periodos distintos y todo ello sin precisar criterio y aspectos a evaluar, dejando a este consejo consultivo ciudadano se encuentre total y plenamente secuestrado a través de la comparsa y compadrazgo de quienes lo forman y generan quienes serán los nuevos integrantes”.
