Reforma a pone fin a impunidad por delito de extorsión: Grupo Parlamentario de Morena

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Morelia, Michoacán.- El Grupo Parlamentario de Morena acompañará la reforma al Código Penal del Estado que promovió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para ampliar la penalidad de 15 a 25 años de prisión en contra de quien incida en el delito de extorsión, por tratarse de una acción constitucional que garantiza la impartición de justicia en el estado y blinda los intereses e integridad de la ciudadanía.

Así lo manifestaron las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, quienes ratificaron su respaldo a la propuesta impulsada por el Ejecutivo estatal, tras remarcar que esta iniciativa atacará de manera contundente el delito de extorsión en sus diferentes modalidades: cobro de piso, cobro de protección, cobro de falsas deudas y accidentes vehiculares provocados.

“Este viernes se dio un paso firme en el combate a la extorsión, delito que durante décadas afectó la tranquilidad de las y los michoacanos, frente a la mirada omisa de gobiernos pasados”, subrayó la coordinadora parlamentaria de Morena, Anabet Franco Carrizales.

La lideresa de la bancada morenista destacó que, además de ampliar las penas de cárcel, “esta iniciativa sube de rango la extorsión a un delito que ataca la paz de las personas al igual que el secuestro, con lo que se garantiza la justicia para las víctimas de este ilícito”.

Anabet Franco resaltó además que se estén considerando sanciones penales para custodios de centros penitenciarios que faciliten el ingreso de aparatos electrónicos para alentar el delito de extorsión en las cárceles del estado, así como para padres, madres o tutores que incidan en este ilícito cuando gocen de la custodia de un menor.

“¡Hoy acaba la impunidad por el delito de extorsión!”, enfatizó la diputada Anabet Franco, tras recordar que dicha reforma al Código Penal del Estado también obliga a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones a denunciar inmediatamente al Ministerio Público la probable existencia del delito, a partir de lo que se podrían desencadenar sanciones administrativas y penales, en caso de que exista omisión.