Zuhey Medina / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no hay nada personal contra Ricardo Salinas Pliego, luego de que la Guardia Nacional ocupara el campo de golf en Huatulco, o el tema del pago de impuestos que se le cobran.
Sobre el asunto del campo de golf en Tangolunda en Huatulco, Oaxaca, aclaró que este terreno fue entregado en concesión, a través de Fonatur, a Ricardo Salinas. Sin embargo, el gobierno tenía que pagar el agua y el mantenimiento del lugar: “salía más caro el caldo que las albóndigas”.
Por lo anterior, al vencer la concesión se planteó poner en venta el terreno en 420 millones de pesos (tras un avalúo de la Secretaría de Hacienda), dinero que sería usado, de acuerdo López Obrador, para comprar uniformes a estudiantes de educación básica en Oaxaca. La propuesta fue rechazada por Salinas.
En respuesta, el presidente indicó que el empresario recurrió a “un mecanismo legal” logrando que un funcionario federal (a decir de López Obrador, ya denunciado) les firmara una ampliación del contrato.
Finalmente, el gobierno federal decidió declararlo área natural protegida ya que tiene playa y porque une a otras dos áreas naturales protegidas, pero el decreto fue trasgredido el día jueves:
Sobre el tema del pago de impuestos, explicó que Salinas tuvo un descuento por una resolución de los ministros de la Suprema Corte, pero al notar confusión en los medios pidió al director del SAT y a la procuradora fiscal explicar la resolución.
“Nosotros no actuamos de manera autoritaria… pero sí buscamos que no haya privilegios fiscales”, afirmó, al señalar que los trabajadores en México pagan más impuestos sobre la renta (ISR) que los empresarios.
Explicó que, desde el sexenio de Vicente Fox, hay denuncias contra empresas de Salinas porque no han pagado impuestos, sin embargo, a pesar de auditorías realizadas, estas sostienen que están en su derecho.
El día de ayer, la segunda sala de la SCJN otorgó el amparo directo a una de las empresas del magnate, Total Play, un recurso mediante el que libra el pago de 645 millones de pesos por presuntas omisiones fiscales en 2011.