Encarcelar a los mexicanos puede ser un negocio redondo para los particulares que mantienen los 10 recintos penales privados que hay en el país. El tema no es nuevo, pero esta semana adquirió nuevos bríos luego que el presidente López Obrador anunciara que investigará supuestos abusos en el penal de Buenavista Tomatlán. Las empresas proveen de todos los servicios a los presos, y cobran al estado mexicano por ello. La ecuación es simple: mientras menos gastan en una reinserción efectiva, más dinero ganan. Una aberración estructural que aterrizó en el país como otra de las nefastas herencias del expresidente Felipe Calderón.
Redacción
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Este día el canciller Marcelo Ebrard afirmó que en México habrá 5 ensayos clínicos en fase III de vacunas contra el COVID-19, entre ellas la de Moderna.
“Ya tenemos unidades completamente llenas y estamos volviendo las características que tuvimos en mayo pasado. Si en el Hospital General ocurre esto, imaginen lo que esta ocurriendo en el resto del país”, dijo el especialista.
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El anuncio se produce el mismo día que se difundió que la vacuna rusa presentó una eficacia del 91,4 %, menor que la de Pfizer pero mucho mayor que el porcentaje de efectividad recomendado por la OMS.
Entre febrero y julio de este año los países de ingresos altos desembolsaron 10,8 billones de dólares en sus respuestas al COVID-19. Casi 90% se gastó en estímulos a empresas.
Se trata de la la primera en 10 años que llegaría a la fase tres para probarse en seres humanos. Y en México, hospitales y clínicas participan en el ensayo clínico.
