El mandatario recordó que este hotel estuvo dentro del paquete de propiedades que el gobierno anterior, encabezado por Silvano Aureoles Conejo, quien buscó venderlo para hacerse de recursos al cierre de su gestión.
Los jóvenes acusan que pidieron un aumento salarial desde diciembre de 2021 y la diputada presidenta del Congreso michoacano, Adriana Hernández, sólo les da la vuelta, además de que otros legisladores les deben dinero.
Hasta esta semana se han cubierto 44 millones de pesos, por lo que el adeudo de 37 millones de pesos tendrá que ser saldado antes del 31 de diciembre, cuando finaliza el presente ejercicio fiscal.
Lejos de tener excesos, “estamos pidiendo que el Ejecutivo nos deposite lo que está pendiente, porque si no se nos paga esta semana, no estaremos en condiciones” de pagar los adeudos, dijo la legisladora presidenta del Congreso de Michoacán.
La crisis financiera por la que atraviesa el instituto es tal, que su consejero presidente señaló que a los adeudos se suman 26 millones de pesos que no le han sido depositados a Talleres Gráficos de México.
La CNTE señaló que a esta acción la acompañarán movilizaciones y bloqueos a desarrollarse sobre los próximos días en diversos puntos de la geografía michoacana, pero especialmente concentrados en la capital del estado.
En entrevista, el dirigente del FESEMSS, Armando García Leal, precisó que los adeudos que arrastra la administración silvanista ascenderían a cuando menos mil 200 millones de pesos, tan sólo en el pago de prestaciones.
Aureoles Conejo señaló que está a la espera de que el gobierno federal deposite fondos a fin de cubrir salarios y prestaciones pendientes con el magisterio de cara al cierre de su gestión.
Aun cuando se prevé que la Federación aporte una bolsa presupuestal extraordinaria de tres mil 822 millones de pesos, el secretario de Finanzas reconoció que el pago a los trabajadores que dependen del Ejecutivo estatal se seguirá desfasando.
Maldonado dijo desconocer cuándo sería depositado el monto, cuyo uso serviría para saldar los millonarios pendientes que la administración de Aureoles mantiene con el sector educativo.
