"Es preocupante que a cuatro años de la publicación de la Ley General contra la tortura autoridades federales y locales hayan incumplido con su obligación de crear y operar el Registro Nacional del Delito de Tortura", dijo la ACNUDH.
El pronunciamiento efectuado este lunes en Ginebra por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos "es una llamada de atención a las omisiones del Gobierno Federal", aseguró la diputada.
La alta comisionada pidió a las autoridades mexicanas que "se abstengan de utilizar un lenguaje que socave a quienes expresan opiniones disidentes o que de alguna manera ponga en duda a los órganos autónomos, incluidas las instituciones electorales".
