La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la llamada Ley 3 de 3, que suspende los derechos a ejercer un cargo, empleo o comisión del servicio público a personas con sentencia firme por violencia contra las mujeres y deudores alimentarios.
“Quienes cometan violencia sexual se van al Registro Público de Agresores Sexuales; quienes no paguen lo que les corresponde de pensión se van al Registro Público de Deudores Alimenticios”, dijo este mediodía el tricolor.
