Las autoridades quieren entregar la plaza

Por Héctor Tenorio

El PRI y los militares redactaron una iniciativa sobre la Ley de Seguridad Interior que pretende regular la participación del Ejército y la Marina en operativos contra amenazas que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad y la paz pública, debe entenderse que esto incluye la facultad de investigar actos de corrupción o terrorismo. Esto les permitiría obtener información utilizando cualquier medio. ¿Podrían actuar impunemente contra opositores al Gobierno Federal? En el texto se insiste en mantener a los hombres de verde en labores de orden público cuando su preparación no es la idónea para tales menesteres. El PAN hace eco de la propuesta y pretende aprobarla con urgencia en el actual período de sesiones. En este contexto, los altos mandos castrenses exigen a los legisladores que se discuta el tema, si es necesario en un período extraordinario. Queda clara su preocupación de evitar que (los militares) no sean señalados por violaciones a los derechos humanos, como ocurrió en el caso de Tlatlaya.

Sin duda, estamos ante la claudicación de los políticos de asumir sus responsabilidades, ellos son los encargados de mantenernos a salvo y no las fuerzas armadas. Desean entregar la plaza sin medir el tamaño de su decisión. En el libro del doctor en derecho Juan José Mateos Santillán, La guerra contra las drogas, la geopolítica y el miedo, se destaca que el entonces Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa se percató de manera tardía que su estrategia de hablar de guerra contra el crimen organizado traería consecuencias. El autor de la obra nos recuerda que el conflicto armado no fue declarado desde el Congreso de la Unión. Este hecho implica la posibilidad de poder fincar cargos a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, a los que cometieron crímenes de Lesa Humanidad. Además de transgredir la Constitución que en su artículo 129 establece que en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con su propia disciplina. Solamen
te habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno.

A esto se debe agregar que existen dudas sobre el comportamiento de algunos militares, el año pasado los pobladores de Aquila, Michoacán, denunciaron que en San Pedro Naranjestil, cerca de Caleta de Campos estaba operando Fernando Cruz Mendoza, El Tena. De igual modo se sentía la presencia de Federico González Medina, El Lico, jefe de plaza en la comunidad de La Placita. (Ambos continúan extorsionando a la población por lo que extraen de las minas, de los bosques, etcétera). Lo peor, es que el General Pedro Felipe Gurrola Ramírez, quien en ese entonces era el encargado del mando especial de seguridad para la entidad, tenía conocimiento de dónde estaban.

Es delicado que los soldados y marinos sean utilizadas como policías o en labores de investigación, cuando la Constitución no les ha dado esas atribuciones. La iniciativa de ley es inconstitucional porque el Ministerio Público, federal o local, es el que tiene el monopolio de investigar los delitos. Las fuerzas armadas usurparían funciones que corresponden a las autoridades civiles. Violar cotidianamente la Carta Magna no legitima lo que se hace ilegalmente. Lo más irónico del asunto es que las cosas no van a mejorar. ¡Basta de engaños! en el fondo el problema es que no existe una estrategia, en todo caso su papel debería enfocarse en tareas de inteligencia que se traduzcan engolpes certeros que puedan llevar a la justicia a los ex gobernadores y a los mandatarios estatales que en muchas ocasiones son las cabezas de estás bandas de delincuentes.

Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil han exigido al gobierno federal la elaboración de un plan de salida de los hombres de verde de estas actividades. Consideran como el peor de los escenarios para el país que la participación del Ejército y la Marina en materia de seguridad se perpetúen en la vida nacional sin ningún mecanismo de control real que supervise su desempeño.