Opinión

La autonomía de una comunidad sólo es posible para que sus integrantes definan a sus autoridades, y cómo y en qué gastan los recursos que les corresponden. Por ello, es necesaria la diferenciación de cada uno de los componentes, porque en esta línea, la autonomía tiende a interpretarse como un “hacer lo que da la gana” sin rendir cuentas. Y no es así.

Dialogar es hoy el instrumento de cambio que requerimos socialmente para no seguir polarizando y enfrentando a las y los mexicanos, a los actores políticos, y no haya decepción en la política y en los políticos que termine alejando a la población de su participación en las decisiones colectivas y aumente el malestar social en las instituciones de la República.

Alejandro Encinas debería renunciar si su compromiso con los derechos humanos fuera genuino. Sus acciones simbólicas sirven para legitimar al régimen y poco más que eso. En la práctica, México sigue sumido en una profunda crisis de derechos humanos, aunque ahora con una CNDH servil e inoperante, y con un presidente que sostiene con total convicción que ya no hay masacres, hay plena libertad de expresión y la violencia está menguando.

Uno de los lugares comunes de crítica constante a las autoridades electorales en México es su costo. En principio, el discurso sobre el costo puede estar contaminado por un interés de debilitar a la autoridad electoral para sacar ventajas en la contienda por el poder; dicho interés es muy natural en la lógica de poder, pero es absolutamente ilegítima en una democracia.

Si bien la autoridad ha cometido repetidamente errores en comunicar adecuadamente sus estrategias y acciones contra la pandemia y sus efectos sociales secundarios (se han comunicado tan mal que ni siquiera sabemos si las tiene), también es cierto que el respaldo de la CNTE a quienes no regresen a las aulas no es un gesto de solidaridad desinteresado, no. Se trata de un reto —otro más— a la autoridad, una medición de fuerzas, una demostración de quién puede más.

El presidente y los gobernadores tienen su visión de cómo resolver las cosas, y los congresos de mayoría gubernamental repiten sin cuestionar y sin analizar los argumentos y las políticas de los gobiernos del partido al que representan. Es así que todos los días, las notas de los medios de comunicación que llegan a nuestros ojos y a nuestros oídos simplemente descalifican al contrario y a la administración, ya sea esta a nivel nacional o a nivel estatal.

La decisión de poner millonarias e inalcanzables fianzas, utilizando los resquicios legales para que puedan ocupar un cargo los integrantes del gabinete de Alfredo Ramírez Bedolla, no puede entenderse de otra forma más que una reacción “colérica” ante el velado interés de Morena, desde el Congreso del Estado, de buscar removerlo del importante espacio que ocupa.

La revocación de mandato es un ejercicio de participación ciudadana que podría tener el efecto de acortar un mandato derivado de las urnas, por lo tanto, la consulta debe ser realizada con la misma calidad que las elecciones; por ello, todos los procedimientos de organización de las elecciones deben de reproducirse en un ejercicio revocatorio, y los consejos locales y distritales se han incorporado al mismo.

En México, la guerra desatada contra los organismos electorales han generado que los niveles de desconfianza hacia ellos disminuyan, lo cual, en un país que sostiene un modelo electoral confiable en muchos aspectos, impacta de cara a la ejecución de un mecanismo de participación ciudadana, que como nunca, se ha previsto.

México requiere un gran acuerdo donde todos los actores políticos, económicos y sociales asuman la democracia como el espacio para diseñar políticas de larga duración, acceder al gobierno, disentir, coincidir y diseñar políticas de Estado.