Opinión

Uno de los lugares comunes de crítica constante a las autoridades electorales en México es su costo. En principio, el discurso sobre el costo puede estar contaminado por un interés de debilitar a la autoridad electoral para sacar ventajas en la contienda por el poder; dicho interés es muy natural en la lógica de poder, pero es absolutamente ilegítima en una democracia.

Si bien la autoridad ha cometido repetidamente errores en comunicar adecuadamente sus estrategias y acciones contra la pandemia y sus efectos sociales secundarios (se han comunicado tan mal que ni siquiera sabemos si las tiene), también es cierto que el respaldo de la CNTE a quienes no regresen a las aulas no es un gesto de solidaridad desinteresado, no. Se trata de un reto —otro más— a la autoridad, una medición de fuerzas, una demostración de quién puede más.

El presidente y los gobernadores tienen su visión de cómo resolver las cosas, y los congresos de mayoría gubernamental repiten sin cuestionar y sin analizar los argumentos y las políticas de los gobiernos del partido al que representan. Es así que todos los días, las notas de los medios de comunicación que llegan a nuestros ojos y a nuestros oídos simplemente descalifican al contrario y a la administración, ya sea esta a nivel nacional o a nivel estatal.

La decisión de poner millonarias e inalcanzables fianzas, utilizando los resquicios legales para que puedan ocupar un cargo los integrantes del gabinete de Alfredo Ramírez Bedolla, no puede entenderse de otra forma más que una reacción “colérica” ante el velado interés de Morena, desde el Congreso del Estado, de buscar removerlo del importante espacio que ocupa.

La revocación de mandato es un ejercicio de participación ciudadana que podría tener el efecto de acortar un mandato derivado de las urnas, por lo tanto, la consulta debe ser realizada con la misma calidad que las elecciones; por ello, todos los procedimientos de organización de las elecciones deben de reproducirse en un ejercicio revocatorio, y los consejos locales y distritales se han incorporado al mismo.

En México, la guerra desatada contra los organismos electorales han generado que los niveles de desconfianza hacia ellos disminuyan, lo cual, en un país que sostiene un modelo electoral confiable en muchos aspectos, impacta de cara a la ejecución de un mecanismo de participación ciudadana, que como nunca, se ha previsto.

México requiere un gran acuerdo donde todos los actores políticos, económicos y sociales asuman la democracia como el espacio para diseñar políticas de larga duración, acceder al gobierno, disentir, coincidir y diseñar políticas de Estado.

Se suele debatir si la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder representó un simple cambio de gobierno o, más bien, un cambio de régimen. En un cambio de gobierno, el Ejecutivo cambia de titular (y quizá de partido), pero las instituciones, los hábitos y los mecanismos para ejercer el poder político siguen siendo los mismos y, en muchos sentidos, el sistema económico y el entramado legal se mantienen vigentes.

Cuando las rutas políticas son tan claras, tanto de los partidos políticos como de los mismos actores interesados en participar en los procesos, se comienza a ajustar la estrategia una vez definidas las candidaturas que competirán, es decir, una visión meta electoral que va más allá de la jornada electiva, dado que muchos no compiten en las candidaturas que realmente querían ni tampoco en las condiciones aliancistas que hubieran deseado, pero se ajustan a las realidades político-electorales del momento para trabajar su ruta con una visión superior y que va más allá de una elección.

Los tribunales no tienen ni la más mínima concepción de lo que es la planeación y la presupuestación, cuando fue la propia SCJN la que estableció la necesidad de que el INE solicitara un presupuesto precautorio y ahora sostienen la tesis de que no se puede pronunciar sobre hechos futuros de incierta realización, frente a la solicitud cautelar de suspensión solicitada por el INE.