México, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Perú y Panamá han manifestado su inquietud por la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, el cual asumió las competencias de la Asamblea Nacional (AN) debido a la persistencia del Poder Legislativo de caer en desacato; un estatus que el Poder Judicial le impuso desde el 2016 por el incumplimiento de varias sentencias. Este bloque de países latinoamericano se sumó a la posición del gobierno de Estados Unidos que, desde su punto de vista, considera que en la tierra de Simón Bolívar ha habido una ruptura de las normas democráticas y, por tanto, se le está negando al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro, a través de sus representantes electos.
Este ataque al gobierno de Nicolás Maduro es aire puro para la oposición venezolana que ya empezó a manifestarse en las calles; el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, le pidió al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que convoque de emergencia al Consejo Permanente del organismo regional para que intervenga.
Apenas el pasado 25 de marzo, estuvo en México Adán Chávez, hermano del finado presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y advirtió que su nación no aceptará que la OEA le imponga adelantar el proceso electoral. “Exigimos respeto”, aclaró, y dijo que el periodo del presidente Nicolás Maduro concluirá en el 2018. “Se llamará a las urnas cuando el árbitro electoral venezolano lo determine”, advirtió. Desde su punto de vista, no hay ruptura del hilo democrático y tampoco los poderes públicos fueron secuestrados. “La prueba es que en 18 años de la Revolución Bolivariana se han celebrado 20 procesos electorales, de los cuales solo hemos perdido dos; no le tenemos miedo a ir a las elecciones, somos respetuosos de la Constitución”, expresó.
El político venezolano cuestionó a la OEA y a los 14 países que ponen en duda la democracia venezolana. “Es un intento golpista. No obstante, no romperemos con ellos, porque en realidad no hay un conflicto serio y estamos en la mejor disposición de aclarar con cada país la situación que prevalece en nuestro territorio. Si ellos quieren aplicar la Carta Democrática lo harán de manera ilegal. Además, para hacerlo necesitaría de la tercera parte de los miembros”.
Comentó que la oposición califica al gobierno de Venezuela de ser una dictadura, pero no presentan pruebas de sus dichos. Tampoco aceptó que haya presos políticos en Venezuela. “Son politiqueros que cometieron algún delito. Leopoldo López junto con las ‘guarimbas’ asesinaron a 43 personas” De igual manera, explicó que la Asamblea Nacional en manos de la oposición es ilegal, porque cayó en desacato.
Cuestionó la falta de ética que hay en los medios de comunicación. “Están al servicio del imperialismo, ya que no publican la verdad. En Venezuela no hay periodistas presos, ni muertos, como en otros países. Más bien siguen un guión y alimentan la guerra mediática”. A título personal dijo: “Lo que hay es un exceso de libertad de expresión, cualquiera puede insultar a un funcionario, la mayoría de veces las descalificaciones son contra las mujeres”.
Quien no fue tan diplomático fue el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien calificó de hipócritas a los países que apoyaron realizar la reunión en la OEA para discutir sobre la situación venezolana, específicamente a México ya que en nuestro país todos los días se encuentran un cementerio clandestino, se asesinan a maestros y a los estudiantes los desaparecen