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¿Por qué surgen los Duarte o los Vallejo? | Antonio Aguilera

Por estos días muchos políticos gobernantes, –por lo menos en la apariencia- celebran la captura en Guatemala del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Y piden castigos “ejemplares”.
Si bien, el mandatario ha logrado concentrar un porcentaje alto de la indignación que existe en México por el saqueo de las arcas públicas, “Saqueo sin precedentes”, dice la Auditoría Superior de la Federación ya que es de alrededor de 30 mil millones de pesos.
Junto a este saqueo, se evidencia la voracidad sin freno: dejó sin recursos a la Universidad Veracruzana, a los programas sociales, al sector salud.
Se suma la inseguridad rampante en ésa y en otras entidades del país, el anecdotario del cinismo, el asesinato de periodistas y la pretensión de impunidad.
Esas realidades no son exclusivas de Veracruz pero sí se han concentrado en esa hermosa entidad del Golfo y han sido encarnadas por este exfuncionario detenido, ¿dónde más?, en un sitio turístico de lujo en la costa guatemalteca.
Su detención ha dado lugar al regocijo entre muchos comunicadores, a un proceso de extradición abierto por la Procuraduría General de la República en coordinación con las autoridades guatemaltecas y a un alud de especulaciones acerca de quiénes pueden resultar “salpicados” o “mal parados”, teniendo aspiraciones electorales para 2018 por el ayer prófugo, hoy encarcelado y seguramente declarante.
Sin embargo, la detención en este mes de él y en Florencia, Italia, de Tomás Yarrington, el gobernador de Tamaulipas radicado en Calabria, al sur de ese país mediterráneo, acusado por el Gobierno de Estados Unidos por delitos vinculados a la delincuencia organizada y la aprehensión de Duarte en Veracruz, creo que han obligado a hacer un recuento, una suma de gobernadores mexicanos encarcelados o sujetos a procesos penales, prófugos o acusados.
Voy a referirme a esta suma, a este recuento y no quiero entrar a la escandalera de pedir que se encarcele a la familia de Duarte o a la mujer de Duarte, porque recuerdo que en México, los delitos penales son personalísimos.
Aunque se atribuya a la señora de Duarte haber escrito como mantra en un cuaderno guardado “merezco la abundancia, merezco la abundancia”, si no fue funcionaria pública y no avaló con su firma actos ilegales o no hay rastro de dinero público en cuentas personales, pues no se le puede acusar de portar marido prohibido.
Los delitos penales en México son muy personales. Tiene que haber indicios claros de sustracción del dinero público por una persona, de autorización de que se hiciera este traslado, este robo; como es el caso de Javier Nava Soria detenido en Cataluña o de todos los que integran una verdadera red de corrupción y de saqueo de las cuentas públicas de Veracruz.
Pero, en fin, tanto el caso de Duarte como el de Yarrington y de los que voy a mencionar a continuación, nos obligan a pensar en serio qué está pasando con nuestra vida democrática y con nuestro sistema político federal, qué está pasando con el federalismo en México.
De los que gobernadores mencionados involucrados, encarcelados, acusados, prófugos, están o han estado en la cárcel o sujetos a proceso penal los mandatarios de Veracruz -dos: Duarte y su interino-, de Tabasco, de Sonora, de Aguascalientes -estos dos del PAN-, Tamaulipas -uno detenido y otro prófugo: Eugenio Hernández, que lo están pasando en este momento acusado de otro delito por las autoridades de los Estados Unidos, acusado por la DEA-, de Coahuila -dos: Moreira y su interino Jorge Torres-, de Michoacán -dos: Vallejo y su interino-, de Chiapas -hace años, Pablo Salazar-, de Baja California Sur -también hace años, Narciso Agúndez-, de Chihuahua -el exgobernador César Duarte-, de Quintana Roo -Mario Villanueva que está en la cárcel y Roberto Borge que está acusado-.
Quienes fueron mandatarios de estas entidades conforman prácticamente la mitad de las entidades federativas del país. Es muy grave el número. Aparecen involucrados en delitos de peculado, de saqueo del erario público o de complicidad con el crimen organizado.
Esta cantidad modifica la calidad -como diría el clásico- y obliga a pensar en las debilidades institucionales que tienen nuestra defectuosa democracia y su impacto sobre el sistema federalista que tenemos. Hay una disfuncionalidad institucional en México, tenemos que decirlo. Y creo que es más disfuncionalidad, defectos del desarrollo democrático de México. Antes decían que teníamos una dictadura perfecta, pues no era cierto tampoco, pero no tenemos para nada una democracia consolidada y que haya visto avances en algunas materias como es el combate a la corrupción.
Yo pienso que hay más disfuncionalidad que una cultura popular de corrupción y de impunidad.
Todos los partidos están inmiscuidos; en México la mayoría de la gente común, la mayoría del pueblo es gente honrada, lo que tenemos es una clase de dirigente que hay que revisar muy a fondo, ¿no?, y ponerles una raya roja en materia de impunidad.
Frente a las conductas de estos los Duarte, los Vallejo, Borge, Padrés, Reynoso, Granier, estamos ante casos de mandatarios que llegaron a los cargos para hacerse muy ricos pronto, disponiendo de los recursos públicos de las entidades como si fueran bienes familiares o personales; se han robado desde el agua hasta el menaje de casa, pasando por bienes raíces, empresas, etcétera.
En varios casos, no han desviado los recursos públicos sobre todos los federales para áreas del gasto público diferentes a las inicialmente y legalmente asignadas. No, de manera cruda y sencilla se las han robado y las han depositado en sus cuentas personales propias o de sus socios.
Saber la cantidad de propiedades adquiridas por estos funcionarios durante el tiempo de su irresponsabilidad indigna a los ciudadanos y por eso la demanda es cárcel y que devuelvan lo robado. Yo pienso que no hay que tolerar un punto más de impunidad con estas conductas, en vista de que la alternancia en el poder no limitó la corrupción sino que la amplió, porque terminó con la meritocracia que alentaba a los servidores públicos hace años a portarse bien con la esperanza de tener en el horizonte una promoción.
Y en vista de que el pluralismo partidista tampoco ha ayudado, porque hay corruptores y corruptos en todos los partidos que aceptan “bajo el agua” las prebendas a cambio de silencio y cobertura, creo que se hace indispensable buscar una moderna y actualizada fiscalización federal.
 
Es necesario revisar sin pausas y con responsabilidad de Estado, todo el título quinto de la Constitución, desde el artículo 115 hasta el 122, porque cuando uno los vuelve a leer, se ve que quedaron en otra época.
En la base de la corrupción y la inseguridad que vive el país está otro gran mal: el asalto de los poderes locales por parte del crimen organizado. Conocer el caso de Tamaulipas, en donde dos exgobernadores son acusados por Estados Unidos de lavado de dinero y otros crímenes propios del crimen organizado es muy grave.
Los partidos políticos tienen una enorme carga y una gran responsabilidad frente a sí: aparte de expulsar “a toro pasado” a los corruptos y criminales que postularon en su momento, yo creo que deben de fijarse muy bien a quiénes postulan. Digo, es una cuestión elemental.
También tiene mucha responsabilidad el Congreso. Creo que tienen que revisarse a sí mismos. No es posible que todavía no hayan podido aprobar el nombramiento del fiscal Anticorrupción. No lo han podido aprobar, no es parte de sus prioridades.
Y creo que todos los actores políticos deben aceptar que tienen una enorme deuda con el pueblo que los ha mantenido a gran costo, por cierto, y con la democracia que deben defender y construir.
A los ciudadanos nos corresponde no sólo escandalizarnos y participar en las hogueras de la inquisición de las redes sociales, sino votar con la decisión de crear pesos y contrapesos a los gobiernos. Dicho de otra forma: votar diferenciado. No darle a ningún partido todo el poder y, al darle todo el poder, pues todas las complicidades. Yo creo que es necesario votar diferenciado y ponerle pesos y contrapesos a los poderes.
Es el Ejecutivo con el contrapeso del Legislativo, etcétera, aparte de la revisión que los actores políticos del país -partidos, Congreso, Poder Ejecutivo, gubernaturas estatales, congresos estatales- tienen que hacer una revisión de sí mismos y aceptar que están en una grave deuda, una gran deuda, con el pueblo de México en materia de desarrollo democrático.
 

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