En el estado de Colima se ha enrarecido el ambiente después de la acusación contra el ex gobernador Mario Anguiano Moreno de haber desviado 1800 millones de pesos de 2013 a 2015, por lo que podría ser sancionado con dos multas por 45 millones 148 mil 685, además de dos inhabilitaciones para ocupar cargos públicos por 23 años. Igual suerte corrieron 13 ex funcionarios de esa administración se les señala de desviar 170 millones de pesos.
En este panorama el coordinador del PAN en el congreso local, Luis Landino dijo que la sanción para el exmandatario es insuficiente, desde su punto de vista debería estar preso. De igual manera su compañera de bancada Martha Sosa Govea tampoco estuvo de acuerdo con lo que propuso el Organismo Superior de Auditoría y Fiscalización (Osafig) como castigo, para ella se debe llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación penal contra el exmandatario por el mal manejo del presupuesto etiquetado que terminó aplicándose a la nómina de un número de personas indeterminas.
Como era de esperarse se ha desatado un clima generalizado de hostigamiento contra varios políticos de la entidad; cuya manifestación más palpable se deja sentir en el área de seguridad. Estos ataques podrían conducir a la ruptura de los equilibrios entre las distintas fuerzas políticas de la región, desatando con ello una crisis social y de seguridad que conduciría a Colima hacía un estrepitoso colapso. Sin embargo, no se puede descartar que todo sea una cortina de humo para ocultar el despilfarro de la actual administración y la violencia desatada por el crimen organizado. Por lo que la sangre no llegará al río. No hay voluntad del mandatario Ignacio Peralta en resolver esta situación, pues en los estados donde los gobernadores se han enfrentado a estos retos ha habido avances: Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo. Todavía queda largo un camino de investigación en el caso de Mario Anguiano; se va a llamar a los inculpados a que se presenten y muestren pruebas y no resultaría extraño que se les pudiera bajar las sanciones.
Entre los afectados se encuentran el ex secretario Ejecutivo del Secretariado de Seguridad Pública Gustavo Allen Ursúa Calvario quien denostó el dictamen presentado ante la comisión de Hacienda del Congreso local, lo calificó como un documento plagado de irregularidades. Consideró que Carlos Armando Zamora presidente del Osafig se equivocó al arrogarse atribuciones que son de la exclusiva competencia de la Cámara de Diputados, por tanto no puede erigirse en órgano de revisión del gasto federal descentralizado.
El ex funcionario afirmó que han manchado su reputación y han hecho caso omiso de los documentos que exhibió ante la referida comisión. Recordemos que a este personaje se le ha señalado como posible responsable de no haber aplicado más de 30 millones de pesos en materia de seguridad. En este contexto Allen Ursúa Calvario promovió un amparo que se encuentra en revisión en los tribunales federales competentes. De igual modo interpondrá una denuncia ante la Procuraduría General de la República y se apresta a comparecer ante la Congreso de la Unión donde demandará un juicio político en contra de los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda de Congreso local, para solicitar su desafuero. Incluso en su momento peleará una indemnización. Finalmente como parte de su estrategia también acudirá a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, entre otras medidas.
Este golpeteo entre priístas colimenses hará crisis en el 2018 y terminará beneficiando a la oposición que ve desde la primera fila esta pelea.
Ajuste de cuentas | Héctor Tenorio
