Por mucho que se quiera decir que la crisis del país tiene como variable determinante un factor eminentemente político, esto parece más un recurso retórico que una explicación con un mínimo rigor analítico. Si bien la corrupción de la clase política, la crisis en la que ha caído su representatividad y los escándalos a los que se ha visto expuesta han contribuido a la percepción de que el país está mal porque los políticos están mal; el factor fundamental que está detrás de la inseguridad, la violencia, la desarticulación social y otros lastres, es el modelo económico rapaz con el que se ha gobernado a México en las últimas tres décadas.
En estos días hemos sido testigos de dos manifestaciones de esta situación: el marginal incremento que sufrió el salario mínimo de la clase trabajadora del país y la crisis manifiesta de diversas universidades públicas, entre ellas la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Este par de fenómenos, aparentemente inconexos son, sin embargo, aristas de un régimen económico que somete a fuertes presiones a las instituciones de beneficio social del estado mexicano, así como a las prestaciones de los obreros.
Las universidades públicas y en general la educación en el país ha sido víctima de una campaña de desprestigio por parte de los organismos del estado mexicano. Este asedio mediático coloca como principales responsables de la situación por la que pasan estas instituciones, a los trabajadores de las mismas y a los cuerpos académicos y docentes.
En ninguna línea de la retórica oficial aparece, por ejemplo, la situación precaria de la infraestructura educativa, los fuertes recortes presupuestales a los que han sido sometidas las universidades públicas, ni tampoco los resultados y esfuerzos que los cuerpos académicos y los alumnos entregan pese a las limitadas condiciones en las que operan.
En el caso de la Universidad Michoacana, por ejemplo, el recurso público recibido por alumno es de 46 mil pesos, lejano a los 55 mil que reciben en promedio las universidades públicas del país, así como de los casi 70 mil que recibe la UNAM; institución con la que se equipara el esfuerzo educativo, pues la nicolaíta es una universidad que acoge a estudiantes de diversos estados de la república en donde las instituciones educativas restringen su acceso.
En lo que respecta al salario mínimo, el pírrico incremento que sufrió de 8.32 pesos es una bofetada a los trabajadores mexicanos. El costo de la canasta básica recomendada por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, ha ido en un ritmo de ascenso más pronunciado que el de los salarios mínimos en los últimos 29 años, llevando a que el poder adquisitivo de estos últimos haya caído en casi un 80 por ciento.
Pese a ello, acostumbrados a seguir a pie juntillas las recomendaciones de los organismos internacionales y obsesionados con el fetiche del control inflacionario, los creadores de política económica del país encumbrados en el Banco de México ven “una presión inflacionaria” derivada de este aumento marginal de los salarios.
En México, según datos del INEGI, actualmente el 47 por ciento de la población ocupada vive con uno o hasta dos salarios mínimos; cifra superior a la del 2012 que significaba el 42 por ciento. Este dato habla de un proceso de precarización de las percepciones de los trabajadores, la cual difícilmente se revertirá con el alza salarial anunciada.
El tiempo dirá si la sociedad mexicana logra alterar al modelo económico vigente o si siguen imponiéndose los dictados del grupo de tecnócratas gobernantes, quienes por ciento en los siguientes días elegirán a uno de ellos como su carta fuerte rumbo a la sucesión presidencial: José Antonio Meade, funcionario encumbrado en las altas esferas de las decisiones en materia de política económica en los últimos años.
Twitter: @hrangel_v
