Por Antonio Aguilera
@gaaelico
Más allá de los apoyos que reciban los precandidatos al Senado en lo local, lo importante es la correlación de fuerzas que se tenga en el Consejo Nacional, en donde el 60% apoya mi candidatura, destacó Carlos Torres Piña.
Al referirse a las adhesiones que está registrando la aspiración de Antonio García Conejo en su búsqueda por la candidatura del PRD al Senado, Carlos Torres Piña se dijo respetuoso de las posturas de los líderes de las expresiones del partido, pero en los recorridos que está realizando al interior del estado, está recibiendo el apoyo de la militancia.
Indicó que él respeta las aspiraciones del hermano del Gobernador e indicó que se mantendrá en la línea de las propuestas y una campaña propositiva, sin caer en descalificaciones o señalamientos, toda vez que en caso de obtener la candidatura, ocupará de todo el perredismo michoacano.
Sin embargo, indicó que la presencia de funcionarios de Gobierno en los eventos de García Conejo debe ser de forma prudente, y eviten utilizar recursos públicos para favorecer esa aspiración.
Torres Piña agregó que la correlación de fuerzas al interior del PRD nacional, indica que su expresión –ADN- y Vanguardia –que encabeza el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera- cuentan con el 60% de los consejeros nacionales, pero que se podrían estar sumándose más expresiones a su aspiración.
En lo local, el 90% del Consejo Estatal lo integran ADN y Foro Nuevo Sol y el 10% restante lo conforman el resto de las expresiones. Añadió que el PRD es un partido plural y que la correlación de fuerzas es muy fluctuante, sin que nadie pueda manifestar una mayoría o una unanimidad, no obstante reconoció que “ser el hermano del gobernador, conlleva su peso político y su responsabilidad”.
El precandidato agregó que seguirá en su ruta para visitar todos los municipios de Michoacán y reiteró que su competencia no está al interior del PRD, sino en los partidos del régimen en el poder, en especial el PRI.
Desde el Senado defenderemos a la gente con el Ingreso Básico Universal
Por otra parte, Torres Piña destacó que en el arranque del año los precios de la canasta básica tuvieron un incremento entre 20 y 50 por ciento con respecto al año anterior, lo que significa que cada año las familias tienen menos para vivir, por eso desde el Senado vamos a defender a la gente”.
“Hay que decirlo claro, el gobierno federal priista es el responsable del aumento en el precio de los energéticos, los alimentos básicos y sus consecuencias”.
Desde el año pasado, el alza en los precios de las gasolinas y el diésel han alcanzado hasta un 25 por ciento.
El precio del Gas LP presentó una tendencia a la alza, por lo que un tanque de veinte kilos que costaba 300 pesos, a inicio de este año alcanzó los 391 pesos.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), en el tercer trimestre de 2017 cuatro de cada 10 familias mexicanas no pudo comprar la canasta básica con su sueldo.
“Resultó que la liberación del precio de los energéticos, lejos de ser una medida para mantener la estabilidad económica, ha sido todo lo contrario”, refirió Carlos Torres Piña.
“Por eso en el Senado vamos a defender a la gente, primero, revisando a fondo para revertir lo dañino de las reformas estructurales; principalmente la energética que ha disparado el incremento de todo”.
Además señaló que como siempre lo ha hecho el PRD, promoverá el aumento del salario mínimo para que todos alcancen un salario digno.
Pero lo más importante señaló, es luchar para que el Ingreso Básico Universal, que es una propuesta del Frente Ciudadano por México, sea una realidad.
Eso significa que los ciudadanos mexicanos tienen derecho a un ingreso básico pagado por el Estado.
Una iniciativa que entre otras cosas va reducir la pobreza y la desigualdad, ajusta los costos burocráticos, elimina el uso político y clientelar de los programas sociales, estimula el mercado interno y enfrenta el desempleo.
Para costearlo, hay que reordenar la política social, aplicar un programa de austeridad y ahorro, eliminar gastos innecesarios y privilegios de los altos funcionarios, explicó Torres Piña.
Se trata también de invertir bien el dinero adicional que ingresa a las arcas públicas y que no se contempla dentro de la Ley de Ingresos, el cual en 2016 sumó 686 mil millones de pesos no comprometidos.
