En México se desarrollan procesos electorales con una gran carga de desconfianza por parte de la ciudadanía y con costos muy altos en lo social, político y económico; contamos con un sistema y legislación electoral que funciona a prueba y error, razón por la cual, dependiendo de cómo le haya ido a cada partido político en la elección a presidente de la república, se gestan -por mayoriteo- en el Congreso de la Unión, reformas a diversas Leyes, que aparentemente, lejos de contribuir a establecer reglas claras y el fortalecimiento de los procesos democráticos, otorga beneficios y flexibilidades de manera selectiva a los institutos políticos.
En un país tan desigual y con problemas como el desempleo, exclusión social, bajo índice de desarrollo humano, pobreza, inseguridad, violencia y corrupción, entre otros, ofende el derroche de recursos públicos y el uso desmedido de dineros privados -que en muchos casos son de origen ilícito- que se usan para seguir beneficiando una clase política que se aferra a sus privilegios y es insensible a los problemas que enfrentan el grueso de los mexicanos en el día a día.
La pregunta de preguntas es ¿Cuánto cuestan las elecciones? La respuesta es compleja, sin embargo, se puede tomar en referencia las cifras publicadas por “México Evalúa” en su reporte sobre el costo de las elecciones de 2012, donde estima que tan solo en gastos formales y cuantificables se ejercieron 40 mil 248 millones de pesos, que se destinaron a prerrogativas de los partidos, tiempos en televisión, presupuesto del entonces IFE para organizar la elección y otros gastos.
Ahora entonces, si tomamos como referencia los datos del Boletín Electoral emitido por el IFE posterior a la jornada electoral de 2012, encontramos que, de los 79 millones 459 mil electores registrados en la lista nominal, poco más de 50 millones, acudieron a votar, por lo tanto, cada voto le costó al erario público, cerca de 800 pesos en una elección desaseada, plagada de irregularidades y dudosa.
Sin embargo, como un asunto fantasmagórico, algo que está ahí es el dinero que difícilmente se puede cuantificar o rastrear: montos que superan por mucho a la exorbitante cantidad antes descrita. Y no me refiero solo a la basura producida en cada proceso electoral, como volantes, pegotes, trípticos, playeras, sombrillas, lonas o cuanto objeto inútil se pueda ocurrir.
Estos recursos económicos están destinados, en el mejor de los casos, al pago de promotores del voto, repartidores de volantes, agitadores de banderas en los cruceros o representantes de casilla; lamentablemente también se utilizan para todo lo que tiene que ver con infligir y violentar las reglas por medio de dadivas, compra de votos, pago a grupos de choque, mapaches electorales, acarreo de votantes o contratación de expertos en campañas sucias.
Un considerable impacto tuvo la campaña del voto blanco o nulo, que significó una protesta manifiesta en las urnas contra los partidos políticos y la forma de gobernar, sin embargo, esta acción la supieron capitalizar muy bien los que se han enquistado en el poder.
En esta elección sería interesante un movimiento de conciencias que empuje a la ciudadanía a analizar qué candidato o Instituto Político desperdicia más dinero, cuál genera más artículos publicitarios contaminantes, cuál de ellos viola la normatividad electoral y comete más faltas, así como cuál invierte en dádivas o compra de votos.
Gran temor despertaría en la clase política actual, el hecho de que los ciudadanos tuvieran la iniciativa de monitorear, no únicamente los actos de campaña o discursos, sino también los gastos, presencia publicitaria, factibilidad de propuestas y cumplimiento de las reglas del juego; si la gente les dijera a los candidatos y partidos “yo voy a votar por las mejores propuestas y por quien no desperdicie el dinero”, esto definitivamente causaría un fuerte dolor de cabeza a los que pretendan ganar con trampas.
Las nuevas reformas en materia electoral, partirán de lo que acontezca las elecciones del próximo 1 de julio. Es decir que las iniciativas emprendidas por la ciudadanía antes y durante las campañas, así como lo expresado las urnas el día de la elección, podrán generar las nuevas reglas del juego electoral e iniciar una nueva cultura política. Puede representar la oportunidad para el nacimiento de un cambio en el modelo electoral de nuestro país, que evite el desperdicio de recursos económicos y la intromisión de dinero sucio en las campañas.
No se trata sólo de votar, tampoco de elegir al menos malo y otorgarle un cheque en blanco, se trata de crear una nueva ciudadanía, participativa e incisiva, que logre dar un golpe de timón.
La reacción de la ciudadanía en eventos catastróficos, ha marcado grandes hitos, pero los mexicanos no debemos esperar a otro desastre natural para mostrar la fuerza, determinación y coraje que nos llevó a enfrentar la situación y superar la ineficiencia de los gobiernos.
Este 1 de julio no sólo implica elegir quien gobierne, sino impulsar desde abajo los cambios que necesita el país y que gran parte de la clase política está frenando para poder seguir conservando sus privilegios y canonjías, a costa del sacrificio de millones de mexicanos.
Definitivamente hoy es muy redituable votar por el ahorro en las campañas y las propuestas viables para atender los problemas que enfrentamos los ciudadanos.
@Ruben_Drago
El poder ciudadano de votar por el ahorro en campañas y la mejor propuesta | por Rubén Pedraza
