Héctor Tenorio
La sociedad civil espera que el próximo Gobierno Federal logre la pacificación y reconciliación del país. No será fácil, han sido doce años en los cuales el Estado mexicano cedió terreno al crimen organizado y éste se hizo presente de nueva cuenta el pasado fin de semana en Monterrey con un saldo de 15 personas asesinadas.
Vale la pena precisar cómo llegamos a este punto. Antes del 2000, el presidente de la República tenía el control del narcotráfico, pero fue diluyéndose con la entrada de la globalización, los criminales aprovecharon las ventajas que esto implicaba. El asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), Enrique Camarena, sacudió las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos en 1985. Años más adelante los narcos colombianos perdieron su hegemonía debido a que Washington bloqueó las rutas de envío de drogas, entonces los cárteles mexicanos empezaron a despuntar con la ayuda de los políticos locales.
Al iniciarse la transición democrática en el 2000, los derechos humanos quedaron relegados; en teoría, debieron ser el punto de arranque del desmantelamiento del viejo régimen. Vicente Fox Quezada a pesar de contar con todas las credenciales democráticas, prefirió heredar la estructura del poder pero sin los mecanismos para hacerlo funcionar. La estabilidad de la nación pasó a depender de los políticos en lo individual. No hubo manera de controlar los excesos de los gobernadores y demás servidores públicos. Ante tales circunstancias resultó lógico que en la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa estallara la guerra con el narco. Sin embargo, el doctor en derecho Juan José Mateos Santillán, nos recuerda que el conflicto armado no fue declarado desde el Congreso de la Unión. Este hecho implica la posibilidad de poder fincar cargos a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, a los que cometieron crímenes de Lesa Humanidad. Además de haber transgredido la Constitución que en su artículo 129 establece que en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con su propia disciplina.
Otro elemento agravó el horror, los gobernadores del PRI financiaron su regreso a Los Pinos a través del narcotráfico. Politicos y delincuentes se unieron, dos ejemplos claros son: Los hermanos Moreira en Coahuila y el ex mandatario michoacano Fausto Vallejo Figueroa. El fenómeno se extendió a las demás fuerzas políticas que vieron en el lavado de dinero una oportunidad de financiar sus campañas. La clase política se divorció de la sociedad civil; la violencia se disparó en todo el territorio mexicano y la ingobernabilidad provocó la derrota de Calderón Hinojosa. El PRI asumió el poder pagando un precio alto, el crimen organizado desplazó a los mandatarios estatales. El baño de sangre continuó y amenaza con seguir hasta el último momento de la actual administración.
En este contexto, hace unos días, miembros del gabinete de seguridad del próximo gobierno realizaran una consulta con la intención de elaborar una Ley de Amnistía. Al parecer sería uno de los ejes de la pacificación. Consultarán a los afectados, no se incluirán delitos violentos, beneficiará a: Campesinos, mujeres, jóvenes que fueron obligados a delinquir. El lopezobradorismo hará un acto de justicia, aunque resultará insuficiente para devolver la paz a los hogares de los mexicanos.
Con Andrés López Obrador se fortalecerá el presidencialismo que forzará a romper los vínculos entre los gobernadores y ex mandatarios con los capos del narco. El problema es que los delincuentes han crecido gracias a la diversificación de sus negocios y están dispuestos a seguir retando al Estado mexicano en una batalla sin cuartel.
Cómo enfrentar al narcotráfico
