Héctor Tapia
El Sistema Estatal Anticorrupción en Michoacán está en pañales, aún quedan una serie de reformas y adecuaciones legales también para que pueda dar resultados en la lucha contra la corrupción, reconoció Rafael Villaseñor Villaseñor, presidente del Comité de Participación Ciudadana de este sistema.
En entrevista para el noticiario de Así es La Noticia, explicó que hay algunos pendientes importantes que se tienen que atender en la ruta de la consolidación de este sistema, que van desde algunas reformas legales como a la Ley de Adquisiciones, de Obra Pública, hasta la homologación del entramado legal con el sistema federal, pasando por el fortalecimiento de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
Durante la entrevista reconoció que la implementación de este sistema “es un poco larga, y no es tan sencilla”, para ir obteniendo los resultados que se desean en el combate a la corrupción en la entidad.
Apuntó que en Michoacán se está en el proceso de la conformación de la Secretaría Ejecutiva, del cual ya se designó a un titular, sin embargo todavía se continúa trabajando en delinear las rutas de coordinación interinstitucional entre las dependencias que participarán en la lucha contra la corrupción.
“Estos meses se nos ha ido el tiempo en designar al personal e ir elaborando los documentos para definir la relación con los órganos del sistema, que es la parte toral, que es coordinar los esfuerzos que ya realizan varias dependencias”, explicó.
En este sentido, reconoció que será dentro de tres años cuando se comiencen a ver los resultados del combate anticorrupción, en que el Sistema estará ya en pleno funcionamiento y dando resultados.
Explicó que hay una serie de rezagos actualmente desde el punto de vista del entramado legal del sistema, como lo es en el rubro que compete a las contrataciones públicas; “hemos insistido en que debemos transitar en armonizar la ley estatal con la ley federal”, dado que muchos asuntos de corrupción tienen que ver con la contratación pública, apuntó.
Al respecto dijo que como consecuencia de la corrupción existente en las contrataciones públicas hay derechos humanos que no se han podido garantizar como es el derecho a la salud; es decir, detalló, hay hospitales que “no están, no se crearon, no se tienen los medicamentos, y vemos que en las contrataciones si se hicieron las compras, o se hicieron mal”, aspecto que se tendrá que atajar con el trabajo del sistema.
“Se tiene que hacer un análisis no sólo en el pasado (en el manejo de los recursos) sino evitar que vuelvan a ocurrir” malos manejos que comprometan el cumplimiento de la garantía de los derechos humanos a los que está obligado el Estado.
Desde el Comité de Participación Ciudadana, dijo, se aprobó una recomendación respecto a la armonización de lo local con lo federal, a reformar la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Públicas; sin embargo, señaló, no ha sido notificada al Congreso.
Remarcó que se tiene que entrar a la restricción también de las adjudicaciones directas, porque –apuntó- “pareciera que esto se ha vuelto regla” en la realización de diversas obras públicas, sobre todo en el ámbito municipal; que no licitan y adjudican las mismas.
“Hoy a simple vista en Morelia hay muchas obras pequeñas que para uno la primer duda sale si se hicieron así para evitar la licitación pública, e irse por techo presupuestal a una adjudicación directa y por ello se tienen ‘obritas’ de una o dos ‘cuadritas’ que se han venido realizando durante las últimas tres administraciones municipales”, es decir que no pavimentan calles completas, y sólo por pequeños tramos por la vía de adjudicación.
“Parece que el único plan es evitar las licitaciones”, apuntó Rafael Villaseñor durante la entrevista, por lo que remarcó que se requiere un marco que regule todo esto.
También, dijo, “estamos impulsando a que se tenga una mejor Auditoría del estado”, para que este organismo fiscalizador pueda “tener dientes” en lo que se refiere a la fiscalización de los recursos, y que estos organismos “no sean cooptados por la autoridad”, especialmente la ASM, y que además goce de autonomía técnica para avanzar con mayor objetividad en la fiscalización de los recursos que tienen que realizar.