Redacción
- El Grupo Parlamentario del PAN asume su responsabilidad y compromiso para eficientar el gasto público.
- Propusimos en la actual Legislatura diversas modificaciones al marco legal en la materia.
- Reducción del 50% deberá ser simultánea en gasto operativo del gobierno y de la democracia.
En Acción Nacional consideramos que la propuesta de reducir el financiamiento a los partidos políticos debe ampliarse, para que también se generen ahorros del 50% al gasto corriente de la Presidencia de la República, de las Secretarías y dependencias de Gobierno Federal, logrando optimizar el gasto público y que el sistema democrático cueste menos, sostuvo el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Marko Cortés Mendoza.
Incluso, recordó que la bancada panista presentó diversas modificaciones legales para disminuir los recursos a los partidos, para ello, en febrero pasado presentamos una iniciativa de reforma constitucional, para hacer las adecuaciones a la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (LEGIPE), Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM).
En la línea de disminuir el costo del gobierno y la democracia, explicó, será necesario que gobierno y partidos hagan un genuino esfuerzo por reducir en 50% sus gastos de operación, asumiendo todos el reto de la austeridad que demanda la sociedad.
Los diputados del PAN, dijo, damos la bienvenida a las propuestas de austeridad del próximo gobierno federal, esperando que en la misma proporción que se disminuya el gasto a los partidos políticos se reduzca el gasto de operación del gobierno.
En ese sentido, aseguró que será necesario que el nuevo gobierno adelgace las dependencias y reduzca los gastos de representación y operación logrando hacer más con menos, en el caso de los partidos políticos, será fundamental que la propuesta sea enriquecida ampliando los topes en el financiamiento privado, así como en una reducción de las obligaciones en materia de fiscalización.
Esto último, explicó, porque gran parte del financiamiento se va en personal e infraestructura para cumplir con los requerimientos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, además de que este instituto gasta casi mil millones en fiscalizar, lo cual también deberá ajustarse a la baja.
