Por Jorge Hernández
Desde campaña López Obrador se ha caracterizado por ser un candidato de ocurrencias. Más que un estudioso de las políticas públicas, su habilidad radica en la capacidad para hablar en lenguaje franco y en pequeñas sentencias que pueden ser entendidas por todos.
Los miembros de la campaña sostuvieron que la campaña no era el momento para detallar políticas públicas ni planes de gobierno. Tal vez por eso, se apresuraron a dar interpretaciones, reinterpretaciones y complementos a los dichos del hoy presidente electo. En la boca y las letras de los suyos, las ideas sueltas parecieron conformar políticas sesudas, resultado de largos y profundos análisis.
Lamentablemente las defensas se toparon con las declaraciones contradictorias de Andrés Manuel, quién, en una entrevista banquetera de dos minutos, podía echar por tierra las teorías que los suyos habían construido en aras de hacer sonar lógicas sus propuestas.
Una de las ideas sueltas más criticadas fue justamente la de ofrecer amnistía a responsables de delitos. No se dijo más, no se detalló qué delitos, en qué condiciones, bajo que términos. Amparados en esa ambigüedad, la oposición buscó sacar jugo del dicho; no obstante su exageración mató un debate necesario y oportuno.
Desde que se dijo por primera vez en Guerrero, la idea del perdón a personas que hayan cometido delitos ha pasado por múltiples voceros que, no todos cómodos, le han quitado y puesto cosas para hacerle más útil. Parecía que era un tema al que se le bajaría el volumen, pero la insostenible situación de inseguridad en el país, que ha mostrado y demostrado la ineficacia de la estrategia punitiva, sumada a la esperanza renovadora de un nuevo gobierno ha movido al nuevo gabinete a sostenerla, defenderla y construir desde allí la política de pacificación del próximo gobierno.
De manera preocupante, seguimos sin saber muchos de los cómo operaría esta propuesta, esa indefinición permanente ha motivado reacciones encontradas entre las víctimas convocadas a los foros de reflexión de la violencia. Lo bueno de un significado vacío es que cada quien le atribuye los términos que le placen.
Los defensores de la próxima presidencia nos piden que esperemos, que hasta tomar posesión se conocerán detalles de la implementación y que esta es sólo una fase de diagnóstico. No obstante hay un grupo de personas que no puede esperar: los familiares de las víctimas.
Por eso, no sorprenden reacciones como las ocurridas en el Foro del pasado martes en Morelia, cuando el público increpó y obligó a retirarse al Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, entre reclamos por la falta de respuestas contundentes a las exigencias de paz. Y no es que la nueva estrategia implique pasar por la guillotina a todos los funcionarios actuales que no han entregado buenas cuentas, pero es imposible pedirle a aquellos que han sufrido en carne propia los estragos de una fallida política de seguridad que perdonen, olviden y concentren sus esperanzas en un nuevo gobierno que promete mejores cosas por venir.
Y es que, al mismo tiempo que ocurren estos diálogos, las Procuradurías siguen dando muestra de sus incapacidades en el nuevo sistema de justicia acusatorio. Los más recientes casos de sobreseimientos de figuras como Elba Esther Gordillo y Rodrigo Medina, confirman que hace falta tener el dinero para pagar un buen abogado, para poder derrumbar los endebles casos armados por los ministerios públicos.
El problema de la falta de capacidades de las Procuradurías no sólo para en la salida de personajes políticos, quienes escapan a los castigos; confirma la convicción popular de que las cárceles están llenas de pobres y que la justicia no necesariamente llega con la emisión de una sentencia.
Para estos tiempos, ya debería ser claro que la paz sólo es alcanzable a través de la justicia y que en los delitos impunes no hay nadie a quien perdonar. Preocupa, y preocupa mucho, que este gobierno una vez más deposite el éxito de sus resultados en las capacidades personales de sus agentes y no en un andamiaje institucional que fortalezca a la Procuraduría. Por eso, es fácil decir no a una Fiscalía Autónoma, porque en la Cuarta Transformación todos los funcionarios son buenos, honestos y decentes.
Urge que Andrés Manuel y los suyos recuerden que administran a personas, no a ángeles.
@HernandezJorge jorge.hernandez@colmex.mx
OPINIÓN // ¿Perdón sin justicia?
