Por: Mario Ensástiga Santiago
Iniciamos el 2019, lleno de esperanzas y expectativas porque México transite claramente y en definitiva hacia nuevos escenarios llenos de oportunidades para la mayoría de las familias mexicanas y del desarrollo del país, sin duda una nueva etapa histórica, seguramente llena de complejidades, retos y desafíos que hay que encarar colectivamente para concretar en buena medida lo que se ha dado en llamar la Cuarta Transformación.
Viviremos permanentemente escenarios de polémica y confrontación entre lo viejo que tiene que irse y lo nuevo que tiene que llegar, las nuevas reglas del juego social-político-económico no encontrará fácilmente campo llano, las tareas del gobierno de AMLO no serán posibles sin el apoyo decidido de la mayoría del pueblo de México; este año deben empezar a concretarse y visibilizarse con toda nitidez los grandes y necesarios cambios que el país requiere en beneficio principalmente de los que por décadas han sido excluídos de la justa distribución de las riquezas que venturosamente aún tenemos, a pesar del saqueo inmisericorde de los gobiernos neoliberales de las casi cuatro últimas décadas.
Son tantas las tareas que hay que hacer, que vale la pena focalizar las tareas que cada quien puede y debe hacer, en lo particular, mi interés se centra en lo concerniente a la vida presente y futuro de nuestros municipios, es por ello que intentar dar respuesta a la pregunta que da sentido a este artículo de opinión, resulta por el momento limitada, debido a que todavía están en curso las definiciones de las políticas públicas municipales que la nueva administración federal impulsará en el diseño del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2028-2024(PND) , que seguramente deberá aparecer en el mes de mayo próximo.
Por el momento viviremos una etapa de transición, la mayor parte de los gobiernos municipales del país han definido y definirán en los próximos meses sus Planes de Desarrollo Municipal (PDM), los cuales tendrán que alinearse al PDM 2018-2024, por lo que la mayor parte de los PDMs que se elaboren, seguramente serán elaborados en base a las viejas prácticas, marco jurídico, metodologías y reglas de operación que los gobiernos municipales tienen que observar para poder los “bajar recursos” que históricamente detenta la federación, para distribuirlos a los estados y municipios, no siempre de manera democrática, equitativa y respeto al pacto federal.
De modo que en términos de la planeación del desarrollo municipal en Michoacán predominarán aún las visiones neoliberales, centralistas, autoritarias y verticales, expresadas claramente en los PDMs que los actuales ayuntamientos en cumplimiento del Artículo 107 de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán, han entregado durante el mes de diciembre pasado al Congreso del estado para su examen, opinión y publicación, por el momento no cuento con el dato si los 112 ayuntamientos y el Consejo Mayor de Cherán han cumplido con el mandato constitucional de elaborara sus respectivos planes de desarrollo local. Seguramente-espero-todos cumplirán formalmente con esta observancia jurídica, muy distinto será el rigor y sustancia de sus temas y contenidos.
En muchos otros momentos he asegurado y constatado que el Sistema Nacional de Planeación Democrática en México, vigente desde 1983 con el gobierno nacional de Miguel de la Madrid, en efecto, son muchas las razones y evidencias para asegurar lo dicho, menciono sólo algunos temas que vienen a botepronto, los planes de desarrollo municipal que ha recibido el Congreso Local, no serán revisados y analizados como debiera ser, de tal suerte que tendrán el clásico palomeo rutinario para su publicación en el periódico oficial del gobierno del estado, sin más.
Supongo que como ha sucedido desde hace décadas, la mayoría de los gobiernos municipales no se circunscriben estrictamente a los lineamientos y normas que establece el Sistema Nacional de Planeación Democrática como la obligatoriedad de la constitución de los Comités para la Planeación del Desarrollo Municipal (Coplademunes) y el Comité de Planeación del Estado de Michoacán (Copladem), que aún en el caso de constituirlos, serán más formalmente que reales en cuanto a su funcionamiento.
Otra cuestión importante es la asincronía de elaboración y vigencia de los planes de desarrollo de los municipios, estados y federación, la planeación sectorial, departamental, metodológica y temática de forma unilateral por cada orden de gobierno, cuestiones que cancelan de facto la visión integral del desarrollo del país.
Insisto, el Sistema Nacional de Planeación Democrática no ha servido de mucho para evitar los grandes desequilibrios territoriales y desigualdades sociales y económicas, entre las entidades federativas, regiones y municipios del país, las razones son muchas y explicables, más no aceptables e insuperables, si hubiera voluntad política, audacia y mayor talento técnico-político más que otra cosa, para hacer los arreglos jurídicos de coordinación intergubernamental para visualizar y operar las estrategias integradas de la cohesión social, territorial y ambiental, que sin duda mejorarían sustantivamente las prácticas de los gobiernos municipales en detrimento y mejoraría la calidad de vida de las familias mexicanas.
Sería conveniente y necesario que, en esta nueva y esperanzadora etapa de la vida del país, haya la clara decisión no sólo de moralizar la función pública, sino también la modernización y profesionalización de los gobiernos municipales. Ojalá también hubiera la decisión política de impulsar y concretar una nueva reforma municipal integral que empodere y dé el papel estratégico que tienen los gobiernos locales, como la garantía más cierta para la reconstrucción del país desde abajo hacia arriba que el reiterado centralismo mexicano ha impedido históricamente.
En estos contextos, la ética, el humanismo, la eficiencia y calidad de los servicios públicos, parecieran ser conceptos antagónicos e irreconciliables, evidentemente hay constantes tensiones entre las racionalidades y saberes que hay en todos los gobiernos municipales, entre lo técnico-académico y lo social-político; entre lo urgente y lo estratégico; entre los intereses sociales y las leyes del mercado.
