Héctor Tapia
Sólo los 25 presidentes municipales de la coalición Juntos Haremos Historia signaron el documento de la Controversia Constitucional que se presentó ya ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para buscar revertir el impuesto ambiental aprobado por el Congreso del Estado y a propuesta del Ejecutivo michoacano.
Este documento fue enviado este miércoles al Máximo Tribunal de Justicia del país, al límite del tiempo establecido para que se pudiera interponer este procedimiento, que es adicional a la ruta que emprendieron 15 legisladores locales a través de la Acción de inconstitucionalidad.
En este sentido, Víctor Báez Ceja, coordinador de los presidentes municipales de la coalición, dijo que tras la Acción de Inconstitucionalidad, ellos se sumaron a este acuerdo político, a partir de identificar que son improcedentes estos impuestos, “por múltiples factores”.
De esta forma el presidente municipal de Pátzcuaro dijo esperar a que sea la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación la que defina quién es el que tiene la razón.
Ellos como presidentes municipales, decidieron no dejar el tema en un asunto de confrontación con el gobierno del estado, con quien dijo que evidentemente tienen visiones diferentes.
Las diferencias, dijo, son válidas; sin embargo, ellos como presidentes municipales tienen que recurrir a las instancias correspondientes para defender lo que consideran que por derecho les corresponde.
Aseguró que con la aplicación de este impuesto ambiental, que fue contemplado dentro de un paquete de impuestos nuevos y el incremento de otros dentro de la Ley de Hacienda del Paquete Económico 2019, a los ayuntamientos les significará afectaciones importantes.
Esto a partir de que el impuesto no está contemplado desde los mismos presupuestos de egresos de los municipios, y por tanto cualquier erogación viene a “descuadrar” las finanzas de los ayuntamientos.
“Económicamente es un golpe muy fuerte a las finanzas municipales; además de que no se contempló el diálogo entre el gobierno y presidentes municipales”, enfatizó Víctor Báez, quien apuntó que no se dejó tampoco claro de qué forma se utilizarían esos recursos que ingresarían a las arcas estatales por este concepto, ni tampoco cómo es que beneficiaría ecológicamente a los municipios.
En el caso específico de Pátzcuaro, ese ayuntamiento tendría que erogar 7 millones de pesos anuales por este impuesto; en tanto que el municipio de Morelia tendría que destinar 25 millones de pesos de sus recursos para este tema, estimó el coordinador de los presidentes municipales de la coalición.
Insistió en que tiene confianza de que la SCJN les dará la razón, y dijo también que “no se trata de ir en contra del estado”, y que por el contrario los presidentes municipales tienen y dejan la “puerta abierta” para el diálogo con el gobierno del estado, y “que en una mesa de trabajo tomemos este y muchos otros asuntos, como la coordinación entre los dos niveles de gobierno”.
“Urge que privilegiamos el dialogo y la comunicación, el debate responsable y que podamos lograr juntos cosas importantes”, finalizó Víctor Báez.
25 presidentes municipales interponen Controversia Constitucional contra impuesto ambiental
