Héctor Tapia
Los legisladores y el gobernador que habrán de estar en el proceso de selección del primer Fiscal General de Justicia de la entidad no deben caer en el error de designar a alguien que esté ligado a cualquiera de los tres Poderes del estado ni con la federación, ni vínculos actuales con las instituciones, porque si no no habrá autonomía en el organismo que está por conformarse.
Así lo remarcaron 13 de los 32 aspirantes a la Fiscalía General a través de un documento que fue girado al mismo Poder Legislativo, donde establecen su postura y enumeran sus razones.
El documento está fechado el 13 de febrero, es decir un día antes de que se avalara la Ley Orgánica de la Fiscalía, por parte del Congreso del Estado, y también está dirigida tanto a los aspirantes para que hagan una reflexión sobre su participación y a la sociedad para que esté vigilante y exigente en este proceso.
En él destacan que Michoacán tiene “la oportunidad de lograr un verdadero cambio en la procuración de justicia”, donde la sociedad, refiere, merece y exige “que los poderes locales se ocupen de asegurar la creación de un órgano verdaderamente autónomo”.
Quienes signan esta misiva son los aspirantes: Dagoberto Padilla Sarmiento, Ignacio Mendoza Jiménez, José Luis Jacinto Pulido, Ruperto Lucatero Sánchez, Gonzalo López Chávez, Dalila Campos Pineda, Rebeca Vega Vitela, Ciro Jaimes Cienfuegos, Víctor Manuel Andrade Tapia, Salvador Ceja Barrera, José Jesús Cázarez Ramírez, Alex Chávez Rojas y Gerardo Dueñas Bedolla.
Asegura que en respuesta a la convocatoria se registraron enviados de los poderes del Estado y también del gobierno federal; al respecto dijeron que “no cabe duda que (…) no existe limitación para que cualquier licenciado en derecho pueda participar en el proceso, independientemente de que ocupe algún cargo público, o de elección popular”.
Sin embargo, remarcan los firmantes, “es de gran relevancia que cada uno de los aspirantes hagamos un acto de autovaloración, sobre las razones que nos han traído a participar en esta elección, que impactará en la procuración de justicia en el Estado por los próximos nueve años”.
Refirieron que tras la renuncia de Martín Godoy Castro a su aspiración de continuar adelante, “independientemente de los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión”, no se debe “perder el objetivo” que es la creación de un órgano autónomo, eficiente y oportuno en la procuración de justicia, tanto para las víctimas como para los ofendidos.
Afirmaron que en el proceso de selección de la persona que habrá de regir los destinos de la procuración de justicia, desde la Fiscalía, no se debe caer “en el error de elegir a quien ya se encuentra vinculado con cualquiera de los tres Poderes del estado, con la federación, o con los partidos políticos, “como pueden ser magistrados, notarios públicos, legisladores o incluso titulares de órganos que por naturaleza están desvinculados de la procuración de justicia, como es el caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos”.
Agregan que cada uno de estos casos están ligados en su designación con “al actual sistema de gobierno, lo que le resta legitimidad y autonomía a la gestión como Fiscal General, por estar vinculados a intereses personales o de grupo, lo que echaría por tierra las exigencias de la sociedad, para encontrar una verdadera justicia en nuestra entidad”.
Aspirantes a Fiscal piden “no caer en el error” de designar a alguien con vínculos institucionales
