Héctor Tapia
Tras darse a conocer el resolutivo del Tribunal Colegiado del Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación, donde se ratifica una multa de 572 millones de pesos y una inhabilitación de 8 años para el ex secretario de finanzas del gobierno del estado, Miguel López Miranda, el secretario de contraloría de Michoacán, Francisco Huergo Maurín, explicó que esto reactivará la carpeta por peculado que se tiene en la Fiscalía Anticorrupción en contra del ex funcionario.
Aún queda un paso dentro de su proceso, y significa que acuda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que sería para ver aspectos constitucionales del proceso o de derechos humanos, aunque consideró complicado que se pueda revertir lo que ya determinó el Tribunal Colegiado.
En entrevista para Cambio de Michoacán, el Secretario de la Contraloría del estado, explicó que este es sólo uno de los procedimientos que se iniciaron y que se presentaron en un paquete de denuncias desde enero del 2017, y adelantó que este año se estarán cumpliendo los tiempos de distintos procedimientos, por lo que podrían surgir a lo largo de este 2019 los nombres de más ex funcionarios sancionados por actos relacionados con corrupción.
Detalló que Miguel López Miranda, el ex secretario de finanzas del estado, tiene todavía un recurso al que puede recurrir que es de revisión ante el SCJN, “que tiene que ver con temas constitucionales o de derechos humanos, pensamos que una vez que él haga uso de ese derecho, que tiene 10 días para interponerlo, sabremos si fue aceptado o no”.
Explicó que si es aceptado “tendrá un procedimiento más por delante para darle seguimiento, y en caso de que no sea así, que no se admita ese recurso, ya nosotros procederemos porque causará ejecutoria, y estaremos en condiciones de darle seguimiento y solicitarle a la SFA que proceda”.
Sobre quien era titular del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM), Jaime Tejeda Vega, quien enfrenta un proceso similar a López Miranda por el mismo hecho, quienes en conjunto causaron un daño al erario por mil 144 millones de pesos, por la venta de un predio por debajo del valor catastral, y que tiene también una multa de 572 millones de pesos, equivalente al 50 por ciento del daño, el titular de la SECOEM dijo que se lleva una carpeta de investigación similar a la del ex secretario de finanzas, a la cual se le está dando seguimiento, “todavía no tiene una resolución de parte del tribunal correspondiente”.
“Una vez que tengamos respuesta del tribunal estaremos pendientes, pero es un expediente muy parecido, básicamente es por daño patrimonial por una determinación que tomaron como fideicomitentes del IVEM, vender unos terrenos propiedad dl estado a precios por debajo del precio catastral”, refirió.
El predio al cual se hace referencia se encuentra en el acceso al bulevar Alfredo Zalce, sin que haya más detalles al respecto, sólo que tienen una extensión de alrededor de 142 hectáreas.
Aún hay que esperar la ruta establecida a la cual tiene derecho López Miranda, que es la de recurrir a la SCJN; pero si esta última instancia no da paso a su recurso, la SECOEM será notificada de ello, y con esto se dará parte a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y a la Consejería Jurídica del gobierno del estado, para que hagan lo propio.
En este último escenario, y “en caso de insolvencia, seguirá un procedimiento distinto, que puede convertirse en un tema penal, pero que queda en la SFA, la consejería y otras instancias que le tendrán que dar seguimiento”.
Sin embargo, dijo, este resolutivo del Tribunal Colegiado “nos abre la posibilidad de aperturar una carpeta que estaba en archivo temporal por arte del Fiscal Anticorrupción, de orden penal”, para que consideren estos hechos en su investigación.
Así mismo agregó que en su momento, en este caso contra el ex titular de la Secretaría de Finanzas del estado, había ya una denuncia por peculado y que “a la falta de elementos en su momento” lo que hizo la Fiscalía Anticorrupción el 28 de febrero de este año, fue crear una carpeta temporal al respecto, con lo que se quedó en reserva hasta tener una resolución firme.
Por lo que lo que resolvió el Tribunal Colegiado se informaría a la Fiscalía para que tenga elementos adicionales “para continuar con su investigación” por el delito de peculado, “que es competencia de ellos”.
Huergo Maurín refirió que “la cárcel es una valoración que tendrá que hacer en su momento la Fiscalía, si contiene los elementos necesarios para que se consolide un hecho en esta materia”; agregó que “lo que sí estamos obligados a notificar que hay un elemento adicional a un procedimiento que se dio inicio por peculado”.
Las resoluciones por venir
Este caso corresponde a un paquete de denuncias que se interpusieron el 17 de enero del 2017 por parte de la Secretaría de Contraloría del estado, cuando estaba Silvia Estrada Esquivel al frente, y que le tocó a Huergo Maurín dar seguimiento a cada uno de los expedientes.
En este sentido, informó que todavía hay las que siguen su proceso, o que están en etapa procesal, de las cuales “estamos obligados a guardar la secrecía correspondiente por el mismo debido proceso, y estaremos pendientes de darles seguimiento”, enfatizó.
De esta manera aseveró que cada carpeta tiene su propio seguimiento, y “estamos dando respuesta puntual”.
Agregó que “por los tiempos empezaremos a ver que van a tener más información de más ex servidores públicos a los cuales fueron agotando sus recursos legales a los que tienen derecho y que la contraloría viene dando respuesta, donde le compete, y que llega el momento en que se agotan, y las resoluciones quedan en firme o se desechan”.
Ante esto, dijo, “vamos a tener un año muy ‘movido, porque ya los tiempos, sobre todo los del 2014-2015, ya están los tiempos en que se hicieron procedimientos, y que se hicieron los recursos legales necesarios y se empiezan a tener sus respectivas resoluciones por sus distintas instancias correspondientes`”.
Reiteró que la Secretaría de Contraloría del estado está pendiente de lo que falta; “no porque el expediente salga documentado en enero del 2017, nosotros nos volteemos, tomamos el expediente le damos seguimiento, para que se haga justicia simplemente, no queremos dañar a nadie ni a sus bienes, ni a su persona o sus familias, sólo dar cumplimiento y que los juzgadores tomen la mejor decisión en base a los elementos que se presentan en las carpetas”, finalizó.
