Héctor Tapia
La Legislatura pasada le cerró el paso a la iniciativa de garantizar mayor transparencia y candados a las compras y adquisiciones del gobierno del estado; sin embargo, en esta legislatura hay condiciones políticas para que alcance el consenso, consideró el diputado Ernesto Núñez Aguilar, quien aseguró que tanto las bancadas de Morena, como del PAN y del PRI, tienen iniciativas en este sentido.
Núñez Aguilar presentó este martes ante el pleno una iniciativa que busca reformar la Ley de Adquisiciones del Estado, la cual había presentado en la legislatura pasada, pero que por rechazo de las otras bancadas la habían mandado a “la congeladora”.
En entrevista dijo que en la legislatura pasada la desecharon porque no hubo los consensos para que avanzara, “entiendo que es un instrumento legal que pueda incomodar, hoy con la conformación de la legislatura da para sacar una iniciativa en este sentido”, explicó.
Con estas reformas, dijo, se pretende que las licitaciones y la contratación de servicios sean más transparentes, así como los arrendamientos, la obra pública, “todo lo que tiene que ver con compras por parte del gobierno del estado, y que sea mucho más transparente y acorde a los mecanismos que existen a nivel federal”.
Con ello se aprovecharía a su vez la tecnología existente para poder monitorear en línea estos procedimientos, y que los interesados puedan observar en línea lo que sucede en este sentido, y que de sentirse agraviados puedan interponer procedimientos de inconformidad.
Con las nuevas condiciones políticas en el legislativo, dijo, esta iniciativa se retoma y se le agregan algunos aspectos, como el hecho de que cada compra, contratación o arrendamiento por parte del gobierno del estado “venga acompañada con suficiencia presupuestal” para por un lado no generar más deuda, y que tampoco se tenga “dando vueltas” a los proveedores que no se les paga, lo que ha traído problemas a varios.
“La ley dice tiene que haber suficiencia presupuestal, pero no hay castigo a quien lo haga de otra manera”, explicó, y agregó que lo que se plantea es que “quien haga una licitación sin el soporte económico tenga sanciones fuertes para que se la piensen dos veces en lanzar una licitación sin sustento”.
Dijo que son varias las bancadas que han planteado algo al respecto, por lo que consideró que se podría generar un consenso, además de que son temas que ha recomendado el mismo Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y las mismas cámaras empresariales.
