Héctor Tapia
Si algún funcionario llega a ser observado por presuntos actos de corrupción, o que tenga irregularidades en su función, podrá dársele una “Muerte Civil” en la función pública, es decir no podrá volver a ejercer un cargo público ni de elección popular.
Cuando menos esto es lo que propuso este martes el diputado Javier Paredes Andrade ante el pleno durante la sesión de este martes, y donde planteó una iniciativa de reforma que implica ajustar el marco jurídico actual en la Constitución Política de Michoacán, la Ley de Responsabilidades y la Ley de Patrimonio del estado, para no permitir que cualquier funcionario ligado al mal manejo de los recursos públicos vuelva a ejercer un puesto en la función pública.
Paredes Andrade explicó que con la implementación del Sistema Anticorrupción, tanto nacional como el estatal, se manejan algunas sanciones para servidores públicos que cometan actos de corrupción, que implican en algunos casos la inhabilitación por algunos años, dependiendo de la gravedad.
Sin embargo, dijo el diputado local, lo que se plantea es que se aplique una inhabilitación permanente para estos personajes y no puedan volver a ocupar un cargo en la función pública, o como le llamó una “muerte civil”.
De las demás fracciones parlamentarias, dijo, ha habido apertura ante este tema, “muchos al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) están de acuerdo”, indicó.
“Nuestro estado ha sido pionero en corrupción, y de que pasa nada, y por ello para algunos servidores les ha sido fácil tomar recursos públicos, porque saben que no hay castigo, y que cuando llega a la cancha del Congreso les sale barato”, explicó.
Así mismo detalló que “ha habido casos de inhabilitaciones pero es por tiempos cortos, y con el dinero que desviaron les da para vivir sin problema ese tiempo y luego regresar a la función pública”.
Javier Paredes dijo que se tiene que empezar con el ámbito público, pero tampoco se puede dejar fuera que aplique al sector privado, donde hay particulares que cometen actos de corrupción, “y a ellos tenemos que empezar a castigarlos”, remarcó.
Recordó casos como la Casa Blanca con Peña Nieto, los sobornos a ex funcionarios protagonizados por Odebrecht, donde empresas se vieron beneficiarias por actos de corrupción.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para que iniciara el análisis y discusión de la misma.
