Por: Dra. Gabriela Molina*
El Congreso de la Unión, que por primera vez es paritario, tiene en sus manos un documento de relevancia para el avance de representación política de las mujeres, esto es, el dictamen que extiende el principio de paridad al Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y los organismos autónomos, el cual obliga a la integración de hombres y mujeres en igual proporción.
En la iniciativa presentada resalta la reforma del artículo 41 Constitucional: “La ley determinará las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarias del despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, así como en los órganos autónomos, y la postulación de las candidaturas de los partidos políticos”.
Lo anterior se suma a la obligación que tienen los partidos políticos de observar el principio de paridad en las candidaturas para ocupar los diversos cargos de elección popular. De aprobarse, entrará en vigor a partir de que tomen posesión de su encargo o a partir del proceso electoral y federal siguiente.
Cabe señalar que el Congreso de la Unión aprobó un periodo extraordinario, en cuya agenda está el análisis y discusión de la reforma en materia de Paridad y de Trabajadoras del Hogar, además de la Reforma Educativa y de la Guardia Nacional. Lo menos que se puede esperar de una Legislatura paritaria, es que el avance por los derechos políticos de las mujeres no esté sujeto a las negociaciones y a canjes entre reformas, es decir, no retroceder como sucedió con los recortes presupuestales para atender la violencia de género o de políticas públicas para la igualdad.
Sin duda, el mérito de aprobar una reforma que llevará a una transformación de la esfera pública -¿se imaginan a seis ministras en la Suprema Corte y sus resoluciones?-, es de quienes han luchado y encontrado senderos para lograr llegar a uno de los espacios de mayor codicia humana, el espacio del poder político. Es también, resultado del trabajo de las y los legisladores sensibles que construyeron este dictamen a partir de varias iniciativas.
Con este nuevo impulso queda clara la comprensión y el triunfo de los debates en torno a la teoría del mérito, poniendo frente a ello, el reconocimiento de que la sociedad mexicano no tiene un suelo parejo, sino un piso pegajoso para las mujeres, basta ver datos sobre igualdad salarial o la distribución del trabajo en el hogar y el cuidado de los menores.
La reforma en puerte se constituye así como un instrumento para sortear las enormes barreras sociales y estructurales que aún existen para que las mujeres logren romper el techo de cristal y con ello, alcanzar los espacios de poder y de toma de decisión.
Cabe recordar que el principio jurídico y político de paridad se resume como la representación equilibrada entre hombres y mujeres. El término se extendió a partir de la primera Cumbre Europea denominada “Mujeres en el Poder” celebrada en 1992, que dio vida la Declaración de Atenas. En el documento consigna que las mujeres representan la mitad de las inteligencias y de las cualificaciones de la humanidad y su infra- representación en los puestos de decisión constituye una pérdida para la sociedad en su conjunto.
*Gabriele Molina Aguilar es Dra en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Es fundadora de la A.C PAR:ES Mujeres por la paridad.
