Héctor Tapia
Frente al inicio del proceso de Juicio Político contra José Luis López Salgado, ex titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), la diputada Adriana Hernández Íñiguez, presidenta de la Comisión Jurisdiccional, dijo que ahora se tendrá que seguir la ruta legal para desahogar el mismo.
En este periodo el ex auditor tendrá que presentar sus pruebas de defensa, así como también se integrarán las pruebas aportadas por los que promovieron el juicio.
En entrevista la legisladora de extracción priista dijo que ahora, una vez que se autorizó o aprobó iniciar el juicio político, “tenemos tres días para notificarle la procedencia del juicio (a López Salgado) y a partir de ello tendrá siete días para contestar”.
Posterior a ello, detalló, viene un periodo de revisión de pruebas en las que el ex auditor superior del estado tendrá la oportunidad de defenderse, de presentar alguna prueba contraria si cree que no tiene culpabilidad, y la Comisión Jurisdiccional recabar también la información de parte de quien presentó la solicitud de juicio político, explicó.
A partir de estos elementos que se recaben será que se tendrá que emitir un dictamen por parte de la Comisión; sin embargo, destacó, para ello se tiene que ir cumpliendo cada paso, antes de poder emitir un juicio al respecto.
De esta manera, Adriana Hernández dijo que son alrededor de mes y medio a dos meses para emitir el correspondiente dictamen, y en caso de que haya elementos para sancionar al ex auditor superior de la entidad, los tiempos de sanción serán fijados en función de lo que establece la misma ley.
Hernández Íñiguez fue enfática en decir que José Luis López Salgado como acusado tiene el derecho y oportunidad de defenderse de lo que se le está señalando por parte del Centro Michoacano de Evaluación (CEMIDE), quien fue quien interpuso la solicitud de juicio político en su contra.
La legisladora dijo que las únicas sanciones que puede emitir la Comisión Jurisdiccional son inhabilitaciones, porque no son autoridad para emitir algún otro tipo de sanción.
La solicitud de juicio político la presentó CEMIDE desde el 7 de diciembre del 2017, cuando estaba en funciones la legislatura pasada, y cuando todavía López Salgado era titular de la Auditoría Superior de Michoacán.
Esta solicitud fue procesada por las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales y en marzo del año pasado se sometió al pleno, donde se echó abajo por medio de votación económica y no votación nominal; ante lo que se ampararon los integrantes de CEMIDE.
Frente a este amparo, la actual legislatura interpuso un recurso de revisión, y finalmente un Tribunal Colegiado en días pasados emitió un resolutivo que obligó al Congreso del Estado para que repusiera la votación sobre esta solicitud de juicio político.
El argumento de CEMIDE en esta solicitud es que el entonces auditor superior del estado no cumplió el mandato del Congreso en revisar, fiscalizar a fondo e informar al legislativo sobre el manejo de un empréstito que fue autorizado al Gobierno del Estado.
