Héctor Tapia
Pareciera que no importa, o que no tiene mucha relevancia. Pocas voces han advertido o insistido lo que implicaría, pero la sombra del “carnalismo” ronda a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) y con ello también, de nueva cuenta, la revisión de las cuentas públicas realizada a modo, y bajo intereses político-partidarios.
Es decir, el combate a la corrupción en Michoacán se debate, ya en la recta final, la imparcialidad del análisis del manejo de los recursos públicos.
Hace cinco días que la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán definió la terna de los perfiles de quienes fueron considerados como los mejores para asumir la titularidad de la Auditoría.
En esta terna resultaron seleccionados, como penúltima fase del proceso electivo, previo a la determinación final de los diputados locales: José Antonio Becerril Flores, Elías Acosta García y Miguel Ángel Aguirre Avellaneda.
El primero, hace tres años, intentó ser designado en un cargo dentro de la ASM, sin resultados positivos; el segundo, compitió contra José Luis López Salgado, anterior Auditor Superior, de quien ya conocemos los resultados: está sujeto a un proceso de juicio político interpuesto en su contra por el Centro Michoacano de Evaluación (CEMIDE), por ser omiso al designio legislativo para que informara a detalle de uno de los empréstitos del Ejecutivo Estatal.
Y el tercero, caso que nos ocupa, con Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, actualmente ocupa la Delegación Administrativa de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, del gobierno de Silvano Aureoles Conejo.
Y este caso es justamente el que advierte un conflicto de intereses, de ser designado para el cargo en cuestión.
A este martes 16 de julio el todavía funcionario estatal no ha renunciado ni se ha separado de la responsabilidad ligada a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, a pesar de haber avanzado hasta la penúltima fase, sólo queda la designación, que por cierto fue aplazada prácticamente hasta que inicie el segundo año legislativo, en septiembre próximo.
Si bien es cierto es que desde la convocatoria avalada para el proceso no se establecieron estos candados, como haberse separado del cargo público antes de iniciar el proceso de selección, siquiera, también es evidente que no se ha reparado en señalar con fuerza este aspecto. No fue el único funcionario estatal que contendió en este proceso selectivo, y mandaron casi como sparring –así se leyó- a la Jefa Regional de Gobierno del Estado y ex Secretaria de Contraloría, Silvia Estrada Esquivel, a competir.
Contra ella se abalanzaron las críticas y señalamientos por su evidente cercanía del actual jefe del Ejecutivo del Estado, y se dejó de observar a otro de los aspirantes, que ahora avanzó a la fase preliminar a la designación.
Se logró que un “cercano”, nadie duda de sus capacidades profesionales, llegara hasta esta parte; un actual funcionario de la Secretaría de Finanzas podría ser designado auditor, y, aquí la pregunta: ¿qué hará, qué posición asumirá, cuando le toque auditar el manejo de los recursos de la actual administración estatal?, sobre todo el cierre del presente gobierno, donde es sabido, cuando menos observado en otros casos de otras entidades, que hay desvíos de recursos para financiar campañas.
De entrada, aunque algunos no lo reconozcan, está la duda razonable.
