Redacción
El Gobierno de Michoacán atiende de manera puntual los informes, comunicados y notificaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre las observaciones hechas al ejercicio de los recursos del gasto federalizado de la Cuenta Pública 2018.
Esto, para que las dependencias, entidades y servidores públicos responsables del tema, presenten la documentación soporte que permita aclarar y solventarlas o, en su caso, determinar las responsabilidades administrativas procedentes.
Así lo manifestó el titular de la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem), Francisco Huergo Maurín, quien explicó que suman un total de 409.5 millones de pesos de la Cuenta Pública 2018, lo que corresponde atender de manera institucional al Gobierno del Estado, a través de distintas dependencias y entidades con el apoyo de la Contraloría estatal.
Huergo Maurín señaló que la Contraloría, como coadyuvante de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado (SFA), y enlace con la ASF por parte del Poder Ejecutivo del Estado, responderá las diversas solicitudes de aclaración y pliegos de observación, así como atender las recomendaciones al ejercicio del gasto federalizado, puesto que “las auditorías son un proceso en el que cabe la aclaración de supuestas irregularidades”.
En ese sentido, manifestó que las solicitudes de aclaración del ejercicio 2018 -que se encuentra en el portal de la ASF-, como un eje de transparencia, son de carácter preventivo y son un requerimiento a la entidad fiscalizada para que documente y respalde operaciones y montos observados no justificados o no comprobados durante la revisión.
En relación a los pliegos de observación, comentó que el Ejecutivo estatal deberá solventar el ejercicio de 409.5 millones de pesos, ya que éstos son de carácter correctivo al ser un importe en el que se presume un daño o perjuicio, o ambos, así como presunta responsabilidad de infractores.
“La presente administración, que mandata Silvano Aureoles Conejo, reitera su compromiso con la sociedad, de aplicar los recursos públicos con la legalidad, transparencia y rendición de cuentas debidas, así como atender puntualmente las observaciones derivas de las revisiones de los entes fiscalizadores.
