Raúl López Téllez
El entrampamiento en el XXXVII Congreso General de Representantes (CGR) del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana -el que legalmente no está instalado de acuerdo con las comisiones autónomas de Vigilancia y de Honor y Justicia mientras que la dirigencia sindical lleva a cabo un evento por su parte-, no tiene otra salida que el retorno a la legalidad y en este marco reponer el proceso a través de una nueva convocatoria, insistieron los docentes que se mantienen en la toma de la sede gremial para demandar una nueva convocatoria y respeto pleno a los estatutos.
En rueda de prensa que ofrecieron esta mañana a las puertas del edificio sindical sobre Avenida Universidad, el presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia, Fernando Moreno —, reiteró que por inconsistencias en el padrón, el cual fue solicitado en tiempos al Comité Ejecutivo General, no validó la mayoría legal para que fuera instalado el CGR. Mediante un oficio que mostró a los reporteros, el funcionario sindical mostró el oficio CAV-119/2019, dirigido al secretario general Jorge Luis Ávila Rojas, con fecha del 4 de octubre, donde le solicita la Convocatoria del Congreso, el Padrón de Congresistas al XXVII CGR –el cual dijo debe entregarse mínimo 48 horas antes del inicio del Congreso-, y las “actas recibidas por el Comité Ejecutivo General del SPUM en donde las secciones sindicales nombraron a sus delegados al Congreso referido”.
No obstante la antelación, señaló Moreno, no hubo ninguna contestación de Ávila Rojas, y así se llegó al día del Congreso, el pasado miércoles, cuando aparte de que no se había dado certeza sobre el padrón, delegados del Instituto de Investigaciones Históricas señalaron no estar inscritos en el mismo, lo que lo llevó a determinar que no había condiciones para declarar el quorum e instalar el CGR.
Guillermo Campillo, reiteró los artículos y cláusulas del Estatuto sindical -tercero, 14, 29, 48 y 89, entre otros-, que confieren al Congreso General la máxima autoridad, el carácter de sus resoluciones, las que solo pueden ser anuladas por el mismo órgano, los objetivos del Sindicato, que son de salvaguardar los derechos de los miembros y la actuación de las comisiones autónomas de Vigilancia y Honor y Justicia, cuya presidenta, Angélica Margarita Mondragón, apeló a “restaurar la cultura de la legalidad” en el gremio ante “un proceso viciado de inicio”.
Sobre el evento que desarrolla el CEG, el maestro e investigador de la Facultad de Economía, Eduardo Nava, señaló que “no hemos sido convocados a su supuesto Congreso, aunque tengamos la legalidad de ser representantes al mismo y por tanto, actitud del CEG cada vez más puede ser señalada como facciosa”. Llamó a quienes participan en el Congreso, “a que se pronuncien también por este retorno a la legalidad estatutaria y a que las bases se pronuncien en contra de acuerdos que no obedecen en ninguna manera a lo que han expresado en sus asambleas seccionales, para nosotros siguen vigentes los acuerdos del XXXVI Congreso”.
Cuestionados respecto a qué camino sigue, si por un lado se considera nulo el ejercicio que lleve a cabo la dirigencia y ésta se empeñará en mantener un CGR, tanto Moreno como varios académicos señalaron que en principio cualquier acuerdo que surja del CEG “es inválido, puesto que el Congreso no está instalado de acuerdo a los estatutos”. Tanto en instancias internas como externas, señalaron, defenderán el cauce legal; “no podemos aceptar que se desacredite a los órganos sindicales”, además de insistir en que como acuerdos de los dos congresos anteriores, se mantiene la defensa del Régimen de Pensiones y Jubilaciones.
Este viernes, de acuerdo a la previsión marcada en la Convocatoria del XXXVII Congreso General, deben concluir los trabajos, por lo que se esperaría que en las próximas horas se emita un pronunciamiento sobre los posibles resolutivos adoptados en el evento que impulsó con tal carácter el CEG.
En un comunicado hecho circular el pasado día 9 sobre el frustrado arranque del CGR, un documento del CEG emitido por su área de Prensa señala que el evento fue impedido por “intereses ´personales y de algunos grupos desestabilizadores”, al igual que “tenían la consigna de que el Congreso no se llevara a cabo, puesto que no respondía a los intereses que ellos habían acordado”.
Cabe señalar que el CEG inició una demanda penal este jueves en contra de los docentes por presunto “despojo” y secuestro de una persona, en este caso el velador de las instalaciones, de la que los académicos apostados en la sede del SPUM señalaron que contestarán jurídicamente, aunque ayer en la diligencia se verificó que ellos no están adentro de la misma, sino afuera, en la calle, en tanto que el vigilante acreditó personalmente que tenía las llaves en sus manos para salir o entrar cuando quisiera.
Académicos se mantienen en sede del SPUM; desconocerán Congreso y acuerdos impulsados por dirigencia
