Héctor Tapia
El 60 por ciento de las carpetas que se revisan por la Secretaría de Contraloría del estado (SECOEM) son o están ligadas a desvío de recursos relativas a los ejercicios del 2013 al 2015, por la llamada licuadora financiera, señaló en entrevista Francisco Huergo Maurín, titular de la secretaría.
En tanto que de la presente administración hay cerca de 120 funcionarios que están siendo revisados en su actuación, si no solventan se actuará sin miramientos y tendrán que pagar lo que hicieron, indicó.
Durante la charla detalló el estado de cómo se recibieron las carpetas y expedientes en la Secretaría de Contraloría, así como también la ruta que han establecido para lograr varios aspectos, donde destaca en primera instancia la digitalización y ordenamiento de los expedientes, así como no dejar que prescriban algunos de los casos que se han documentado, en la búsqueda de que se aclaren los manejos que se han dado de manera irregular de recursos, como también llegar hasta las últimas consecuencias e instancias contra los funcionarios que no se condujeron apegados a la norma y a la ley.
Actualmente en la Secretaría están en fase de sistematizar y digitalizar todos los archivos y expedientes de la función pública de la administración estatal, y para ello han emprendido un proyecto llamado Exeni, con el cual tienen desde el estatus hasta el tiempo en que prescriben cada una de las investigaciones, a fin de tener todo en orden.
Esto servirá además, explicó Huergo Maurín, para llegado el momento de entrega recepción tener todo digitalizado para hacer una transición, en cuanto a la información, de una forma mucho más ágil.
Este aspecto, detalló, es una de las principales actividades que se tuvieron que desarrollar desde la Secretaría de Contraloría, la sistematización, “traerla al siglo 21”, para no trabajar en base a cajas de cartón.
“Si pierdes los tiempos y los momentos se pueden perder los casos, por eso era un tema fundamental hacer todo el trabajo de sacar una primera fotografía, pero nos dio una idea clara de qué teníamos que hacer”, remarcó.
Esto llevó a realizar un análisis de los procesos y procedimientos en cada una de las áreas de la SECOEM; por ello, desde agosto del 2018 se empezó a trabajar en la plataforma Exeni, que contempla diversos módulos que permiten identificar estatus y urgencias, módulos que van desde las denuncias.
En un primer momento se identificaron alrededor de 800 denuncias urgentes por resolver, y se agruparon en bloques; desde catalogados por auditorías, declaraciones patrimoniales, seguimiento de las auditorías federales y las que están ligadas al seguimiento por la Secretaría de la Función Pública federal.
“Con la ASF coadyuvamos en los procedimientos administrativos, ellos aplican o ejecutan el pliego que es el resarcitorio; y con la SFP, vamos de manera conjunta en la recuperación de recursos y la sanción administrativa nos queda a nosotros”, explicó.
En ambos casos, dijo, “hay que estar pendiente de los tiempos y en la oportuna ejecución de los expedientes, y generamos un módulo para dar seguimiento a la ASF y otro a la SFP”.
En la sistematización, dijo, se ha avanzado bastante, en el cual se tiene para finales de este mes entregar una plataforma completa, para trabajar con la misma y en función del funcionamiento identificar ajustes y correcciones, para que en el 2020 se pueda iniciar con un sistema armado.
Francisco Huergo Maurín dijo que la primera preocupación es que si hay expedientes que prescribieran “podríamos ser acusados de omisos, y la responsabilidad que era de un servidor público que no hizo o hizo de más, resulta que nosotros tendríamos que ser sancionados y si es económica, incluso con multas y resarcitorios”.
Por ello es que fue prioritario definir “dónde estábamos parados, cuántos expedientes había, y sacar una fotografía, para saber qué estaba pasando”.
“Esto nos ha permitido no tener expedientes prescritos, sobre todo en los federales, porque te das cuenta que tienes expedientes del 2004, y que son faltas graves y vencen en el 2019”, detalló.
Aquí dio a conocer que en los últimos 20 días sacaron 150 procedimientos administrativos por los cuales los ex funcionarios están entregando sus pruebas y alegados de defensa; “lo que venía rezagado lo sacamos en tiempo, eso nos ayudó a ubicar donde estaban los retrasos y de inmediato actuar donde teníamos problemas”.
Hasta este momento se tiene actualizado en la plataforma hasta el ejercicio 2016, y para el siguiente mes y medio se tendría lo relativo al 2017; “la intención es ponernos al corriente a mediados del año que entra y entrar en la fase de entrega – recepción, y procurar que no tengamos pendientes de solventación con la federación”, explicó el Secretario.
Desvíos, lo más frecuente
De acuerdo a los hallazgos que se han tenido, a partir de la revisión, las faltas o irregularidades más frecuentes que se han encontrado son los desvíos de recursos, sobre todo de los ejercicios fiscales del 2013 y del 2015, a través de la llamada “licuadora financiera”, que implicó mover fondos de un lado a otro para poder pagar alguna emergencia, y al cambiar de un lado a otro, perdiendo la ruta que se siguió, generaron estas observaciones.
“Si no fueron cuidadosos en la movilidad de esos recursos se convierten en faltas graves, es donde tenemos la mayor parte de los problemas”, indicó Huergo Maurín, quien agregó que “la falta de liquidez lleva a los servidores públicos a hacer cosas que son indebidas para solventar los problemas”.
Otras de las observaciones, dijo, “son porque no comprobaron en tiempo porque la fuente de financiamiento no correspondía con el origen del recurso, perdieron la trazabilidad entre cuentas y cuentas, y con ello perdieron el origen y fuente de los recursos”.
Todo esto es sancionable, enfatizó el secretario, quien indicó que los ex servidores públicos tienen los plazos de norma, para poder aportar sus pruebas y defenderse, donde la SECOEM pretende y busca ser “muy objetivo”, y en la actuación de la secretaría se ha pedido “ser precisos, claros y analíticos, sin importarnos de donde vienen, en qué administración estuvieron, simplemente como juzgadores administrativos hacer un trabajo de respeto, imparcial, y tomar decisiones que no por capricho afectes a las familias”.
Aquí, el secretario dijo que en la medida de que haya elementos para solventar, se solventen las observaciones, o que haya elementos de juicio que demuestren que hubo una mala aplicación de los recursos, entonces se castigue; y “de ahí que hay una lista importante de compañeros sancionados, más de 100 sancionados, con más de 200 millones de pesos (de resarcitorios) más otros en camino que están causando ejecutoria, en lo que va de esta administración”.
Si se sustentan bien estas investigaciones y se les da seguimiento de manera correcta hasta la última instancia, se logran sanciones, y también en esa medida se recupera la credibilidad de la ciudadanía.
De la actual administración hay 120 funcionarios que están en investigación, ellos están entregando pruebas y alegados; aquí, la petición e indicación del gobernador es que hay que actuar con legalidad, “en la medida de que hagamos las cosas bien, habrá menos problemas, en la medida de que aprietas a un servidor público, y le señalas las faltas que tienen tendrá que componer, y si no lo hace tendrá que pagar lo que hizo, sin miramientos”, enfatizó.
“Hemos evitado la licuadora…”
Francisco Huergo Maurín, dijo que por salud de la administración pública estatal del 2016 a la fecha se evitó la llamada licuadora financiera, “y eso nos ha dado más transparencia”.
Ha llegado a suceder que “en algún momento de pago del alguna nómina, ha habido la necesidad de cubrirla, no se pierde la trazabilidad, se hace la recuperación al fondo de origen, y se hace el pago de inmediato para evitar cualquier tipo de sanción”, explicó.
De esa manera dijo que en la Contraloría se enfocaron a atender los fondos que son auditados por la federación cada año, para auditarlos antes, de manera preventiva, para coadyuvar con estas dependencias a poner todo en orden y que estén listos para cuando sean auditados por la federación.
En este contexto refirió que en el 2017 les auditó la federación el manejo de 10 mil millones de pesos, de los cuales sólo resultaron observaciones en 168 millones, a partir de las auditorías preventivas; “y después acompañamos a los servidores públicos en su comprobación, y durante el 2018, nos estamos yendo con una cuenta de 56 millones” observados.
En el gobierno michoacano, dijo, “logramos un acuerdo con el titular de que ningún secretario está exento de atendernos, todos los miércoles, nos sentamos con Secretaria de Finanzas y Administración (SFA), y revisamos pendientes y se manda llamar a los demás secretarios, para llamar a comprobar , se entregan plazos, y si no se entrega se reporta ante el propio gobernador estos rezagos”.
Francisco Huergo dijo que no se está permitiendo que se pasen de los términos, “tenemos medidas de apremio, donde hay 24 horas para entregar información, y se notifica”, y se no se cumple se toman diversas medidas.
“Es importante tener la mano firme, tener decisiones solidas y actuar en consecuencia con la normatividad, y es la forma en que podemos ayudar a Michoacán, porque empiezas a ordenar dependencias”, resaltó.
De cara a la entrega recepción
En la SECOEM, detalló, se establecieron varios objetivos fundamentales frente al cierre de la administración, ante los dos años que quedan, que es dejar todo en orden y sin observaciones a la hora de la entrega recepción de la administración.
Lo primero, dijo, es que las secretarías y dependencias del gobierno del estado trabajen dentro de los procesos y salgan sin sanciones, tener una administración sana, que el estado cierre sin pendientes y que todo esté de manera transparente.
Además, dijo, se tiene que cerrar la administración con “mucha claridad”, y saldar los pendientes de pago que se tienen. Al momento se ha logrado contener la deuda, y se espera la federalización de la nómina y con ello lograr liquidez en la administración estatal.
Huergo Maurín dijo que se está generando un modelo actualizado de entrega recepción, “que estaremos poniendo en práctica a mitad del año que viene, para que esté perfectamente alineado para hacer eficiente la entrega recepción. Muy precisa la información, bienes inmuebles, los procesos, asuntos pendientes, en trámite, chequeras, cuentas, números y saldos”.
Esta ptalaforma está dentro del Exeni, como parte de un sistema integral de información digitalizada que se trabaja.
“Entregaremos una secretaría digitalizada, todos los expedientes digitalizados, cero cajas de papel, sí se resguardan, pero bien ordenadas y clasificadas y cumpliendo con la ley de archivos”, pero ya con los expedientes en digital, para que sirvan para un ágil análisis de los mismos expedientes.
