Por Jorge Luis Hernández, politólogo
La democracia representativa sufre una profunda crisis de legitimidad en prácticamente todo Occidente. Los triunfos electorales de líderes extremistas y la radicalización de muchos movimientos políticos son síntomas del cambio que experimenta la idea de democracia en estos días.
Naturalmente, los creadores de instituciones democráticas han buscado alternativas para revitalizar el sistema y atender al principal problema: los ciudadanos de las democracias occidentales piensan que los políticos no los escuchan y toman decisiones que sólo benefician a unos cuantos.
De esa manera, si se asume que los ciudadanos se sienten lejanos de las decisiones de su comunidad, entonces el antídoto tiene que estar relacionado con la creación de mecanismos que les permitan participar, con facilidad e impacto claro, en la discusión de los asuntos públicos.
Por ello, un catálogo de mecanismos de participación ciudadana se ha hecho cada vez más popular en las democracias de la tercera ola: iniciativas ciudadanas, referéndums, consultas populares y revocación de mandato.
México no escapa a la tendencia global, pues desde el sexenio pasado se adoptaron algunos de estos mecanismos a nivel nacional, mientras que en las instancias estatales la dinámica tiene varios lustros más. No obstante, la existencia de los instrumentos no garantiza que éstos sean útiles para los ciudadanos y que efectivamente satisfagan sus ímpetus de participar de lo público.
Lamentablemente, los políticos tradicionales adoptaron el discurso de la participación ciudadana, pero le quitaron la fuerza y las facilidades para que éstos lo utilizaran para cambiar. Esto se tradujo en la concreción de instrumentos de participación ciudadana sometidos a decenas de requisitos, muchos de ellos absurdos, que, en la práctica, los hacían prácticamente inaplicables.
Es decir, los medios de democracia semidirecta se idearon, en México, como herramientas de los partidos políticos para impulsar sus propias agendas y favorecer su lucha por el poder, el mejor ejemplo era la consulta popular a nivel federal, cuya configuración legal la hizo inaplicable en 2015.
Con la llegada de una nueva fuerza gobernante que, además, prometió un requilibrio en la balanza de poder en favor de los ciudadanos, y que aún antes de la toma de posesión del presidente impulsó una consulta ciudadana para ratificar una de las decisiones más polémicas prometidas en campaña, se intuía que los mecanismos de participación ciudadana podrían ser más “liberalizados” para, ahora sí, garantizar el acceso a la toma de decisiones.
Sin embargo, la lógica partidista se impuso al discurso ideológico y la pragmática de usar una bandera que no les corresponde. De esa manera se propuso un instrumento de revocación de mandato que caía en el ridículo de poder ser activada por el propio gobernante: ¡así es, un gobernante pidiendo ser destituido! (claro está, para demostrar lo contrario).
Si bien es cierto que, después de la revisión de la minuta aprobada en la Cámara de Diputados, la de Senadores ha corregido algunos de los vicios de la propuesta de revocación de mandato inicial, está claro que en el fondo la revocación de mandato sigue estando pensada como un instrumento político en manos de las élites partidistas para beneficio de sus agendas y sus tiempos.
La revocación de mandato es un instrumento pensando en los partidos políticos, únicos actores con la capacidad para cumplir con los requisitos impuestos, que apostarán al fin del periodo presidencial antes de tiempo y que supeditarán los tiempos gubernamentales, el impacto de sus planes y el tono de sus comunicaciones con la sociedad a su único objetivo: la obtención y conservación del poder.
Los ciudadanos, sin embargo, seguiremos con ganas de participar.
Al tiempo.
