Redacción
El pasado 15 de octubre la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda y la Comisión de Hacienda y Deuda Pública tuvieron una mesa técnica en la Casona, con el objetivo de analizar la iniciativa que mandó el Ejecutivo para la desincorporación de diez inmuebles.
El propósito es que se determine si procede o no dicha iniciativa que implicaría al final de cuentas la venta de dichos inmuebles.
Si bien el gobernador del Estado, Silvano Aureoles, está en todo su derecho, debe tomarse en cuenta que los diputados pusieron un candado, que consiste en que debe ser aprobado por ellos. En otras palabras, la Ley de Patrimonio del Estado determina que se tiene que agotar el procedimiento legislativo.
El Gobierno del Estado calificó de necesaria la venta de los inmuebles para solventar las múltiples demandas que enfrenta la entidad.
En este contexto, el oficio que envió el Ejecutivo presenta algunas irregularidades que deberán subsanarse a la brevedad posible, explicó la diputada Tere López Hernández integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda.
“En primer lugar no se presentó el avaluó de los diez inmuebles que se quiere desincorporar. No queremos que se malbaraten, ya que hablamos de terrenos hasta de dos hectáreas. Se emplazó al mandatario estatal a que mande los avalúos lo más pronto posible, hasta el día hoy no tenemos nada”, explicó.
La diputada Tere López Hernández, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, añadió: “En segundo lugar, el Gobernador no ha sido lo suficientemente claro sobre qué se hará con el dinero”, finalizó
