Redacción
- En 2018 fueron asesinados 412 elementos policiacos en México.
- El fondo busca brindar estabilidad económica a sus familias.
El Pleno del Senado aprobó en votación económica seis dictámenes presentados por la Comisión de Seguridad Pública.
Entre ellos, destaca el exhorto a los gobiernos de las entidades federativas que aún no cuentan con un fondo de apoyo para los dependientes económicos de las personas integrantes de las instituciones policiales que pierden la vida en cumplimiento de su deber, para que aprueben y operen medidas para atender dicha situación.
De acuerdo con la organización ciudadana Causa en Común A.C., en 2018 hubo un total de 412 elementos policiacos asesinados en todo el país. Guanajuato tuvo 64 policías asesinados, mientras que Guerrero alcanzó la cifra de 43, Veracruz 34, Chihuahua y Puebla 28 casos, Jalisco 24 y la CDMX 19, entre otras entidades federativas.
El dictamen detalla que las familias de los policías fallecidos por algún hecho derivado de su trabajo frecuentemente tienen que afrontar, además de la pérdida del ser querido, la ausencia del principal contribuyente económico, una reorientación general de la vida cotidiana al interior del hogar y trastornos por la ausencia de este.
Ante esta situación, la Ciudad de México estableció un fondo que busca contribuir a la estabilidad económica después de haber perdido a la persona que aportaba el principal ingreso económico de la familia, y aportar servicios, actividades y programas con objeto de que puedan tener un desarrollo integral pleno; y que les permita un crecimiento sano, sustentable y en condiciones de bienestar y desarrollo tanto físico, psicológico, material y social.
El texto referido explica que el modelo creado por dicha entidad establece que el administrador y operador de dicho fondo sea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es decir, el DIF local, e integra un comité con los titulares de la Jefatura de Gobierno y las Secretarías de Gobierno, Contraloría, Seguridad Pública, Salud, Desarrollo Social, Educación y Finanzas, así como la Procuraduría General de Justicia y el Instituto de Vivienda.
Esta estructura, apunta, tiene como propósito que los casos analizados como susceptibles de acceder a los recursos del fondo, lo hagan de manera inmediata y mediante un proceso simplificado, que responda en forma expedita a las necesidades que enfrentan las familias de las y los policías muertos en el cumplimiento de su deber.
