Héctor Tapia
Si bien desde el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2020, hubo un incremento nominal de poco más de 24 mil millones de pesos para el ramo 28, de participaciones fiscales para municipios y entidades federativas, y que ya en el trabajo legislativo se incrementó poco más de 7 mil millones de pesos, que aún en conjunto no es un incremento positivo considerando el índice inflacionario, aún se está revisando en qué áreas se podría “pellizcar” para redestinar o redistribuir el presupuesto para favorecer a los ayuntamientos y a los estados.
Esto lo dio a conocer en entrevista el diputado federal Iván Pérez Negrón Ruiz, quien es secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito público, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, e integrante de la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien remarcó que lo planteado en el proyecto por el gobierno federal en septiembre pasado es apenas una sugerencia, y que en última instancia la Cámara de Diputados tiene la facultad constitucional de modificar lo planteado por el presidente.
El Paquete Económico propuesto por el gobierno federal, reconoció, fue presentado con un diseño presupuestario complicado; “el país venía con una inercia” complicada a partir de que le heredaron a la actual administración los recursos comprometidos, compromisos que el gobierno federal no puede dejar de lado el cumplir.
El diputado federal dijo que se tiene que explicar bien que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, estimado en 6.1 billones de pesos para ejercerse, “la gran parte está comprometida”, en aspectos como destinar a Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al sistema de salud y al de educación, por lo que por estos compromisos que ya se tienen “queda poco margen de maniobra”.
Entre estos aspectos en que se comprometió el recurso público federal por anteriores administraciones están el pago de alrededor de la amortización de la deuda de largo plazo del país, la cual en conjunto todavía oscila en los 10.4 billones de pesos.
Adicional, el gobierno federal tiene que cumplir con el pago de jubilaciones y pensiones, el que significa a las arcas federales alrededor de 1 billón de pesos para este año, adicional están los recursos que se tienen que destinar vía Ley de Coordinación Fiscal, que va a estados y municipios a través del Ramo 33, correspondiente a las aportaciones federales, que asciende a los 900 mil millones de pesos, en tanto que para el Ramo 28 se proyectó inicialmente 950 mil millones de pesos, a las cuales se sumaron 7 mil millones de pesos adicionales, luego de que en comisiones se lograra incrementar este rubro.
“No nos podemos hacer los sorprendidos, porque sabíamos que el país no estaba bien, que había mucha irresponsabilidad (que les heredaron) en el ejercicio del presupuesto, que la displicencia, malas decisiones de los gobiernos anteriores, implicarían un gran reto” en el diseño de la distribución de los recursos públicos a través del presupuesto.
De esta forma, Iván Pérez Negrón Ruiz, refirió que quienes impulsan la llamada Cuarta Transformación no van a eludir su responsabilidad, “ni nos justificaremos con el pasado, le entraremos a los problemas de manera decidida, y por ello se están adecuando las leyes, y se está reformando la constitución”.
Ante las molestias de presidentes municipales, principalmente, que argumentan el recorte de recursos, dijo que desde la Cámara de Diputados se está analizando los rubros donde se puede lograr una reasignación de recursos; uno de ellos, del cual se podrían redestinar alrededor de 5 mil millones de pesos, dijo, es el quitar el financiamiento público a los partidos políticos, como él propone, mismos que se podrían destinar a los municipios.
“Hay otros rubros que hemos pedido a la SHCP que revisen, estamos convenidos que en el poco margen de maniobra que tiene el gobierno federal”, explicó, y agregó también que hay renglones del presupuesto donde se “puede dar un pellizco y reducción en gastos en servicios personales, en materiales y suministros, sin despedir personal del gobierno federal, necesitamos identificar de dónde agarramos poco a poco recursos para reasignar a temas prioritarios que le preocupan a la gente”.
Una de estas preocupaciones es la seguridad en el país, por lo que se pretende que haya un incremento en el presupuesto tanto para la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como también para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la que depende la Guardia Nacional.
Adicionalmente, dijo, “hay una preocupación, de parte de gobiernos estatales y municipales, en cuanto a la disminución de los recursos del FORTASEG, pero aquí quisiera preguntar, antes había mucha lana para eso y los resultados no sólo no mejoraron, la condición del país empeoró, la pregunta es ¿a más dinero, mejores resultados?”.
Sobre la Guardia Nacional, dijo, este cuerpo de seguridad apenas tiene 3 meses y medio que comenzó a desplegarse en el país, “y necesitamos darle su tiempo de maduración” para que se vean los resultados; sin embargo, apuntó, “necesitamos acciones que hagan visible que se está impulsando el cambio”.
*Eliminar Recursos Públicos a Partidos*
El diputado federal Iván Pérez Negrón sostuvo que los partidos políticos no requieren de recursos públicos para operar, y descartó que esto afecte a la vida democrática del país.
En este sentido enfatizó que más allá de la reducción del 50 por ciento del financiamiento que proponen los diputados Tatiana Clouthier y Mario Delgado, de la cual ya se aprobó el dictamen, se busca que se elimine por completo este financiamiento.
“Menos dinero mas democracia, en los países desarrollados así funciona, no hay financiamiento público, los partidos se la rifan con aportaciones de militantes y simpatizantes eso con candados para que no hay recursos de procedencia ilícita, y esos es responsabilidad de los partidos, de a quienes admiten en sus filas, y es un aspecto donde tenemos que dar el paso”, explicó.
Aseveró que esta propuesta que planteará durante la sesión que se desahogue este punto “no es un invento o una oficiosidad”, sino es aplicar lo que demanda la gente que es que ya no se le destinen recursos a los partidos, que cuestan 5 mil millones de pesos de recursos públicos.
Estos recursos pueden destinarse a programas de inversión, salud, campo, seguridad o vivienda, explicó Iván Pérez Negrón Ruiz, quien enfatizó que este dinero que se destina a partidos ya no debe servir para el enriquecimiento de dirigentes políticos.
