Redacción
Las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y la de Justicia, aprobaron la resolución de la Subcomisión de Examen Previo, por la que se consideran procedentes las denuncias de Juicio Político en contra de María del Rosario Robles Berlanga.
La resolución, que se integra por los expedientes SEPJP/LXII/028/2013 y SEPJP/LXIV/060/2019, indica que es oportuno incoar el proceso de Juicio Político, en virtud de los razonamientos y fundamentos jurídicos expuestos en todos y cada uno de los considerandos que integran la resolución definitiva de la subcomisión.
El documento se aprobó con 22 votos a favor y dos en contra, por parte de la Comisión de Justicia, y con 24 votos a favor y uno en contra por parte de la Comisión de Gobernación y Población.
Se turnó de inmediato a la Comisión Jurisdiccional, a efecto de que ésta integre la Sección Instructora y se proceda conforme al artículo 12 inciso e), de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Además, se remitió copia del expediente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
En el documento se precisa que se admiten a trámite las denuncias de juicio político presentadas por los CC. Luis Alberto Villarreal García, Silvano Aureoles Conejo y Tatiana Clouthier Carrillo en contra de María del Rosario Robles.
“De los elementos y datos de prueba aportados por los denunciantes, esta Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos tiene la convicción presuntiva que se ha violado el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sus fracciones III, Violaciones a los derechos humanos; VI, Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”, señala.
Asimismo, “la fracción VII, relativa a las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y la VIII, referente a las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales, siendo actos y omisiones cuya magnitud y gravedad se encuentran dentro de la esfera de lo dispuesto por los artículos 108, 109, 110, 111 al 114 y 134 de la Constitución Política, así como de los artículos 5, 6, 7, 9, 12, 41 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y, al mismo tiempo, su buen despacho”.
También se aclara que se dejan a salvo los derechos de la accionante, de los denunciantes y de la presunta indiciada para que, en su caso, soliciten su desahogo probatorio en la fase procesal correspondiente en el conocimiento del Juicio Político que se instancie.
Además, se ordena turnar, en el momento procesal correspondiente, el expediente a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para la continuación del proceso de Juicio Político.
“Se dejan intocadas e inafectadas cualquier otra acción o pretensión jurídica, toda vez que este instrumento de la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, tiene como finalidad única determinar la procedencia del ejercicio de la acción de Juicio Político con base a las denuncias acumuladas a la luz exclusiva del derecho administrativo sancionador”, se señala.
Por último, el documento refiere que “una vez que se obtenga copia certificada de todo lo actuado, archívese para los efectos legales conducentes, por ser asuntos total y definitivamente concluidos en esta fase procesal”.
Posicionamientos de los grupos parlamentarios
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera, detalló que de las cuatro denuncias que revisó la Subcomisión de Examen Previo sobre “La Estafa Maestra”, sólo dos son procedentes, la de 2013 y la de 2019, porque cumplen con lo que marca la ley para iniciar el procedimiento. “Los documentos fueron cuidadosamente estudiados por la Subcomisión, y sus resolutivos acuerdan la procedencia de las denuncias”.
Agregó que los integrantes de las comisiones pueden consultar los expedientes sobre las denuncias en contra de funcionarios, que hay dentro de la subcomisión. “Tenemos una oficina específica para que cada uno de ustedes pueda hacer la revisión exhaustiva de quiénes son los denunciados, independientemente de los funcionarios, porque no es un tema de venganzas políticas, sino para todos quienes no cumplan sus responsabilidades, incluyendo a esta administración”.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Ma. Del Pilar Ortega Martínez, resaltó que esta legislatura quiere entregar mejores resultados; “las dos anteriores no habían movido nada”.
“Si queremos cumplir con nuestro ejercicio constitucional, estas comisiones tenemos prohibido dejarnos llevar por declaraciones fáciles que lastimen el debido proceso. Empero, estamos a favor de continuar con el procedimiento”, comentó.
El diputado Rubén Cayetano García (Morena) subrayó que el Juicio Político no es una venganza, sino que obedece a las denuncias que han cumplido los requisitos procesales; es decir, una acción legal para sancionar a quienes violen la Constitución. “Se recupera el prestigio del Congreso de la Unión, al hacer vigente este procedimiento, que busca con afán la justicia y acabar con la corrupción e impunidad”.
De Morena, la diputada Lorena Villavicencio Ayala preguntó por qué se inicia el Juicio Político, cuando la persona denunciada ya está en proceso judicial y en la cárcel; también está inhabilitada para ejercer cargos en el servicio público. “Cuál es el objetivo, porque llama la atención que sólo se atienda este caso, parecería que la justicia es selectiva”.
Martha Tagle Martínez, diputada de MC, consideró imperante actuar contra la corrupción. Sin embargo, en este caso, las únicas sanciones posibles ya no pueden ser aplicables. “La persona en comento ya está destituida de su cargo e inhabilitada, por lo que de este juicio sólo podrían resultar sanciones simbólicas”.
La diputada Verónica Juárez Piña (PRD) recordó que Rosario Robles está en un proceso penal; no obstante, la naturaleza de la resolución a discusión es de ámbito político. Celebró que el Legislativo ejerza sus funciones contra quien abuse del servicio público.
De Morena, el legislador David Orihuela Nava se pronunció a favor del resolutivo, “porque la real aplicación de los juicios políticos debe ser un recordatorio para todos los políticos corruptos. No se trata de venganza política, sino de justicia. Votar en contra sería estar a favor de la impunidad, de la justicia, de promover la corrupción y burlarse de la sociedad que ha sido testigo de cómo criminales de cuello blanco saquearon al país”.
De Encuentro Social, el diputado Edgar Guzmán Valdez expresó su postura a favor del juicio político, “se tiene que hacer lo socialmente correcto para que nunca más se tengan derroches, opacidad y robo al pueblo; sin embargo, preguntó qué pasará con los demás funcionarios involucrados que tendrían que estar sometidos a las mismas condiciones.
César Agustín Hernández Pérez, diputado de Morena, afirmó que votarán a favor de esta resolución, la cual sienta un precedente para que los servidores públicos estén conscientes de que a la Cámara de Diputados no le temblará la mano para construir el Estado de derecho y cuidar los recursos. “No es una cacería de brujas, no se actúa en contra de una persona, es porque el pueblo reclama que no haya más opacidad e impunidad”.
De la misma fracción parlamentaria, la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, aclaró que la presunta indiciada tiene prisión preventiva, más no ha sido juzgada y la inhabilitación por la que fue sujeta es por haber falseado datos en su declaración patrimonial, “y esto no quiere decir que no pueda ser sometida a juicio político; este proceso habla de una red que sí avanza, a partir de aquí pudieran empezar denuncias penales”.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN) puntualizó que no se está juzgando a nadie, se está determinando la procedibilidad de un asunto para iniciar de manera formal el análisis, y la Sección Instructora realice las diligencias necesarias para tomar una resolución y pasarlo al Pleno. “No vale la pena que las pasiones nos ganen, estamos hablando de personas sujetas a proceso. Por lo tanto, se tiene que ser muy claro en qué es lo que está sucediendo para que la opinión pública no se confunda”.
El diputado Silvano Garay Ulloa (PT) mencionó que para combatir la corrupción no deben permanecer “congeladas” las denuncias. “El día de hoy se inaugura una nueva instancia y buen precedente para el país”, sostuvo.
La legisladora Claudia Pérez Rodríguez (Morena) refirió que “La estafa maestra” es uno de los actos corruptos más relevantes en México y el mundo, porque la investigación involucra en el desvío de recursos a 11 dependencias, ocho universidades públicas y más de 50 servidores públicos.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (PAN) precisó que la denuncia contra Rosario Robles fue presentada en tiempo y forma, cuando la involucrada se encontraba en funciones. Para que procedan las acusaciones contra otros funcionarios, agregó, es fundamental que se aporten documentos de prueba y, principalmente, en los lapsos que marca la ley.
El legislador Vicente Alberto Onofre Vázquez (Morena) señaló que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de llevar los procedimientos legales correspondientes para emprender un juicio político. Una de nuestras tareas es observar el gasto de recursos y si hay desvíos, aplicar las medidas necesarias.
De la misma bancada, el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe aseveró que deben realizarse las diligencias con total apego a la legalidad, porque no se habían llevado a cabo acciones para frenar de manera tajante los actos de corrupción. Esta legislatura ha tenido elementos fundamentales, por ejemplo, el incremento de nuevos delitos graves en el que se incluye la corrupción.
En su turno, la diputada Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) precisó que es necesario realizar juicios a todos los involucrados en actos de ilegalidad. “Solamente se ha valorado el juicio para una persona y no para todos los funcionarios implicados; debemos poner atención en la opinión pública; incide mucho en este tipo de casos”.
El diputado Valentín Reyes López (Morena) señaló que “no se tomó en cuenta a otros funcionarios y se esperó al plazo fatal para no hacer nada”. Dijo que en el tema de desvío de recursos, es importante que no haya acuerdos”. Anunció su voto a favor de la resolución.
También de Morena, el diputado Rubén Terán Águila consideró que hay que señalar todo acto de corrupción y a aquel servidor público que no acate la ley, y vulnere el Estado de derecho. “No estamos en contra de una persona, un nombre o apellido; Rosario Robles no es el chivo expiatorio de esta legislatura o del gobierno. Sin embargo, no hay que tolerar el robo desmedido”.
Del mismo partido, la diputada Adriana Espinoza de los Monteros García subrayó que no se trata de un asunto personal ni de venganza. Recalcó que es obligación de los servidores públicos aplicar con imparcialidad los recursos. Además, destacó el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación y del SAT para detectar empresas fantasma.
