Por Óscar Carbajal Pérez
Si bien nuestra sociedad ha ido evolucionando en muchos temas jurídicos, políticos y sociales, hay uno en el que se sigue manteniendo una deuda y es el de la inclusión a las personas con discapacidad.
El tres de diciembre se conmemora el día internacional de las personas con discapacidad, mismas personas que viven atrapadas en una caja que la misma sociedad ha elaborado para ellos. Lo cual, retomando las palabras del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “la discapacidad está en la sociedad”, al grado de considerarlos como grupos minoritarios.
A partir de 2006, México adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para comenzar a trabajar en mecanismos que garanticen el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, lo que se dio por medio del llamado “modelo social de discapacidad”, modelo que estableció de manera concreta que, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera, al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales, por lo que puede concluirse que las discapacidades no son enfermedades.
Como lo podemos ver, tuvo que ser hasta 2006 cuando México comenzó a emprender acciones para que las personas con discapacidad, pudieran tener sin discriminación, el mismo acceso a la justicia, esto haciendo a un lado el derecho a votar, el cual siempre ha sido respetado, pero difícilmente ejercido de manera adecuada. Debemos comprender que la discapacidad, puede presentarse de diferentes maneras, lo que hace más compleja la debida atención por parte de las autoridades.
En materia electoral, la misma que se ha caracterizado por estar en constante evolución de acuerdo a los contextos históricos que se manejan en el país, nos hemos encontrado con medidas que favorecen a aquellas personas que vivan con alguna discapacidad, para buscar un solo fin, el ser los mejores representantes de esas personas que nosotros mismos hemos aislado dentro de los espacios de decisiones de la sociedad, por medio de acciones afirmativas que garanticen la postulación, acceso y correcto ejercicio de los cargos públicos.
Sí, puede resultar un tanto contradictorio dentro de la sociedad, el haber marcado por décadas una barrera entre las personas con discapacidad y las que no lo tienen, para ahora venir a promover acciones jurídicas que garanticen el acceso a la representación popular, lo que a mi personal punto de vista, es una de las cosas que más se deben celebrar y procurar en estos tiempos.
Ha sido un camino largo el que se ha tenido que ir labrando para que dentro de la administración pública, los congresos y en general, la sociedad, mantengan un rumbo que favorezca a la inclusión, tal como lo manifestó en diferentes sentencias que garantizaban la inclusión y participación de personas con discapacidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2018 (año que tuvo muchísimo avance para la inclusión y participación ciudadana).
La nula participación ciudadana de las personas con discapacidad, se debe a la falta de servicios que tomen en cuenta y atiendan sus necesidades, a efecto de dotarles, en la mayor medida posible, de elementos y condiciones de accesibilidad que garanticen su autonomía; tales como, la asignación de un asesor jurídico, el acondicionamiento estructural de espacios físicos, el acompañamiento de personas de confianza durante el desarrollo del proceso y la emisión de las resoluciones en formatos accesibles, a partir de audios, videos, traducciones al sistema braille, lengua de señas o cualquier otro que atienda de manera efectiva esa finalidad.
El ejemplo ya ha estado presente si tomamos como referencia lo plasmado en el “modelo social de discapacidad”, dentro de un país que vive en un sistema democrático basado entre la mayoría relativa y la representación proporcional, se ha buscado que se mantengan de manera equitativa el acceso de las personas a los cargos de elección popular, procurando que cada uno de los grupos minoritarios y vulnerables de nuestra sociedad, se vean representados.
Y es que, hablar de democracia representativa es otro brete en estos días, la misma que podemos ver desde la integración de los órganos de gobierno, en los que es excepcional el caso en el que se pueda ver la inclusión de los grupos minoritarios y vulnerables.
La inclusión, comprensión y voluntad de la sociedad, es lo que nos llevará a concretar una evolución representativa en el país, de acuerdo a los modelos democráticos en los que nos hemos basado, ya que las voces de todos deben ser escuchadas, de eso se trata la democracia.
Cierro diciendo que, si nos enfocáramos más en la cultura de inclusión, no se tendría que gastar tanto en campañas de comunicación para erradicar la discriminación.
