Redacción
“Jamás me doblegaré ante las presiones y chantajes porque esta iniciativa busca el bienestar de los verdaderos transportistas y de los ciudadanos; que el transporte y la movilidad se conviertan en una política social, económica y ambiental prioritaria para el Estado, el Estado recuperará su rectoría para que el transporte público deje de ser un botín electorero”, argumentó el diputado Salvador Arvizu Cisneros.
Lo anterior, tras presentar la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Movilidad, Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Michoacán de Ocampo y que deroga la vigente Ley de Comunicaciones y Transporte; así como la Ley de Tránsito y Vialidad.
El legislador integrante de la bancada del PT resaltó que la propuesta de ley busca recuperar para el Estado, la rectoría y control del transporte público en Michoacán; además de garantizar el derecho de las personas para trasladarse al trabajo, acceder al estudio y la salud, con seguridad y dignidad.
Tras recordar que desde hace 37 años no se reforma la Ley de Tránsito, afirmó que es importante actualizar aspectos como el impacto ambiental, propuesta que también viene en la iniciativa.
Salvador Arvizu agregó que también se estipula revertir las condiciones laborales de los choferes y operadores del transporte público, pues son vulnerables y no tienen derecho a un trabajo digno.
“La creación de la Ley de Movilidad y Transporte Público, cuenta con el marco jurídico necesario para desarrollar una movilidad urbana, promover la participación ciudadana en defensa de dicho derecho, de una mejor vida; para homologar y establecer lineamientos en los modelos de concesión y política tarifaria”.
Explicó que la iniciativa contempla la integración de organismos sociales, en el que de aprobarse, los Ayuntamientos tendrían plena vigencia de los derechos y obligaciones que les otorga el 115 Constitucional en materia de transporte público.
A la par, se busca regular las concesiones y permisos del servicio de transporte público, el Transporte Escolar y de Trabajadores y el servicio de grúas.
“Esta ley contempla la infraestructura vial y reconoce los Derechos Humanos, define el derecho a la movilidad, el derecho a la vialidad, el derecho al transporte, el derecho a la seguridad social de los trabajadores del volante y respeta el derecho a las personas con discapacidad, con movilidad reducida. Con esto se terminará con la falta de control y anarquía en el transporte, corrupción en las concesiones, el abuso de algunos concesionarios y permisionarios, quienes tomaron la concesión como propiedad privada. El Estado recuperará su rectoría para que el transporte público deje de ser un botín electorero”, concluyó.
