REPORTAJE // Fiscalía, el falseo de las cifras de la delincuencia en el estado

Cuatro fuentes distintas lo confirman: las cifras de la delincuencia que se exhiben por la Fiscalía del Estado de Michoacán son falsas. Hoy, en la práctica, nadie sabe realmente cuántos delitos se cometen en Michoacán. La situación afecta principalmente a los homicidios dolosos –nombre técnico de los asesinatos–, considerados el parámetro más adecuado para medir la delincuencia. En la entidad muchos casos de asesinatos se recalifican en delitos menos graves, lo cual arroja cifras que no reflejan la realidad.

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Por: Eduardo Pérez Arroyo

Morelia, Michoacán.- Las cifras de delincuencia en Michoacán son falsas.

Es la conclusión que muestran cuatro estudios distintos, provenientes de organismos especialistas en delincuencia en México y fuentes oficiales, recabados por este medio.

Los análisis presentan varias explicaciones para este fenómeno. Policías mal preparados, reclasificación de delitos en otros menos graves, intereses políticos, corrupción o simple incompetencia componen este coctel, peligroso pero real, en las estadísticas oficiales de Michoacán.

Los resultados expuestos en este reportaje están basados en el Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal (ICEC), creado por la agrupación México Evalúa y conformado por cuatro componentes elaborados con técnicas estadísticas “que permiten identificar diversos problemas relacionados con la generación de datos oficiales de homicidios intencionales”.

Uno de los hechos más graves, sin embargo, es el que aparece en dos informes: en Michoacán las cifras de homicidios se falsean para hacer parecer al estado mejor de lo que está.

“Los resultados del ICEC muestran que existen claros indicios de subreporte y de anomalías en la forma en que las procuradurías y fiscalías estatales están reportando los homicidios intencionales. El ejercicio revela que una parte importante de estos problemas se debe a la práctica recurrente de reportar homicidios dolosos como culposos”, establece el indicador.

Apelando a la prudencia, el estudio advierte que no se puede asegurar la existencia de manipulación en (algunos) estados, y que tras las modificaciones que se dieron en 2018 para mejorar la forma en que las procuradurías o fiscalías le reportan a Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad Pública (SESNSP) la información oficial hacen hoy factible decir que contamos con mejor información en comparación con la que se generaba hace 13 años.

“Sin embargo”, agrega, “los avances han sido muy dispares: hay una clara diferencia entre el grado de sistematización del Inegi y el del SESNSP”.

La situación no es nueva y atraviesa indistintamente a todas las administraciones estatales al menos desde el año 2010. Incluso, durante la permanencia del excomisionado Alfredo Castillo el tema hizo noticia cuando el diario Milenio estableció que se habían eliminado de los registros cerca de 2 mil delitos.

En la ocasión la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) respondió a los medios justificando la baja de la cifra, argumentando que “se detectó la duplicidad de registros de Averiguaciones Previas”.

Es decir, en 2015 la propia PGJE reconoció que las cosas se hacían mal. Y el problema parece haber cambiado poco.

“En México la estadística criminal presenta un rezago importante. A diferencia de otros países, en el nuestro todavía no contamos con un sistema de generación de información criminal de calidad, con procesos de mejora continua”, dice México Evalúa.

La nominación de fraude en este reportaje no es gratuita. Uno de los estudios utilizados, el cual se citará explícitamente más adelante, señala que “no se ha consolidado una definición formal de la manipulación de registros delictivos, pero esta estrategia está estrechamente relacionada con el concepto de fraude. En ambos casos, se trata de una actividad que adultera la calidad y distorsiona la veracidad de información a favor intereses particulares”.

En Michoacán, las cifras delictivas entregadas por la Fiscalía parecen ser un fraude.

MICHOACÁN: LOS DETALLES DEL FRAUDE

Cuatro fuentes distintas, con estudios en mano, aseguran que los datos recabados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (antes Procuraduría, PGJE) son inexactos, parciales o sencillamente falsos.

Se trata de las organizaciones México Evalúa con sus estudios Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable, y Fallas de origen 2019, índice de confiabilidad de la estadística criminal; la Universidad de las Américas Puebla y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, con el informe La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI MEX 2018; y el Inegi, con la Encuesta nacional de Victimización y Percepción de la seguridad Pública 2019.

Las alertas vertidas en cada uno de estos informes las corrobora un reportero local especialista en la fuente policiaca, quien ha visto de cerca que la policía estatal es completamente incompetente a la hora de recabar y procesar los datos.

Las críticas hacia el proceder histórico de la Fiscalía no son sutiles o sugeridos, sino bastante directos.

El primer informe, Cada víctima cuenta, indica explícitamente en su página 39 que “(varios) estados (entre ellos) Michoacán (…) mostraron una relación positiva entre la evolución de las tasas de homicidios dolosos y culposos que pudiera indicar algún grado de adulteración de los datos”. De ellos destaca seis, entre ellos Michoacán, donde un aumento de 0.1 unidades en la tasa de homicidio doloso, se asocia a un incremento de por lo menos 0.05 unidades en la tasa de homicidio culposo.

“Cabe aclarar que no se puede asegurar la existencia de manipulación en estos estados, como tampoco se puede garantizar la ausencia de ésta en el resto de las entidades. Sin embargo, los resultados de este modelo pueden usarse para identificar los estados donde sería recomendable llevar a cabo evaluaciones de la calidad de la información sobre homicidios que las procuradurías estatales envían mensualmente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad Pública”, señala.

El segundo estudio, Fallas de origen, establece en su página 5 que “construimos un Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal (ICEC) para identificar cuáles estados tienen problemas de subreporte en sus cifras de homicidios dolosos y cuáles no. Encontramos que al menos ocho entidades presentan información poco fidedigna y de baja calidad sobre los asesinatos que ocurren en sus territorios. Entre ellas, se encuentran el Estado de México, Hidalgo y Michoacán”.

Por su parte el tercer estudio, La impunidad subnacional en México, indica en la página 108 que “de acuerdo con los resultados, Michoacán se ubica en la media nacional posicionándose en el grado 3 del IGI-MEX de impunidad alta; sin embargo lo clasificamos como un caso de comportamiento atípico, pues la situación que enfrenta el estado en esos años no garantiza certidumbre en sus datos”.

Finalmente el 4º estudio, Encuesta nacional de Victimización, indica en su página 17 que en 2018 en Michoacán se denunció apenas el 13,5% de los delitos, de los cuales el Ministerio Público inicio averiguaciones en el 53,3%. En otras palabras: del total de delitos cometidos se inició averiguación previa en apenas 7,2% debido a ausencia de denuncias por causas como “pérdida de tiempo” (24.5%) y “desconfianza en la autoridad” (16,6%). 

“Es posible que las policías no reporten los delitos para evitar realizar una investigación. También es probable que los funcionarios del Ministerio Público se equivoquen al registrarlos. O tal vez las autoridades deciden modificar las cifras para demostrar que la seguridad ha mejorado en su ciudad”, dice la asociación México Evalúa.

“Cualquiera que sea la razón, el subregistro y la modificación de cifras delictivas en un problema gravísimo, que merece atención urgente”.

La información cruzada es perentoria: nadie sabe realmente cuántos delitos se cometen en Michoacán.

HOMICIDIOS INTENCIONALES: LA RECLASIFICACIÓN

Según coinciden todos los estudios serios del mundo respecto de cualquier tema, el punto de partida para atender todo problema público es la información. Elaborar todo diagnóstico requiere de información fidedigna.

“Para el Estado, el recurso básico es la información oficial que generan sus procesos administrativos, y que sometidos a los procedimientos adecuados se convierten en información estadística de gran valor. Con ella es posible diagnosticar el problema, orientar la toma de decisiones y evaluar si el curso tomado ha sido el adecuado”, dice México Evalúa.

Pero los magros resultados de la entidad provienen precisamente del análisis de esa información.

“Primero comparamos las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Identificamos que al menos 10 entidades federativas presentan amplias diferencias entre los datos reportados por estas dependencias” dice Fallas de origen.

De manera específica, los organismos públicos o de análisis de la realidad social acostumbran tomar como referencia el número de homicidios dolosos (calificados como aquellos provocados de manera intencional) para evaluar las políticas públicas contra la delincuencia. Una buena recopilación de cifras genera ventajas como más efectivas políticas de seguridad; mejor desempeño institucional; más adecuados mecanismos de transparencia; y rendición de cuentas y mayor participación ciudadana.

La propia ONU considera a los homicidios dolosos como el mejor indicador. Pero en Michoacán sucede lo contrario: desde hace varios gobiernos se tergiversan sistemáticamente las cifras de homicidios dolosos –o asesinatos– para que parezcan menos. 

“El siguiente paso consistió en utilizar diferentes técnicas estadísticas, como correlaciones y regresiones, para identificar los estados que subregistran sus homicidios dolosos o que los clasifican como eventos accidentales (homicidios culposos)”, agrega el informe.

El cruce entre las dos variables mencionadas es lo que arroja las malas cifras para Michoacán. En términos simples, “en los estados de Baja California, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Sinaloa los homicidios culposos son más altos de lo que deberían”.

¿Cómo se genera el ocultamiento de homicidios dolosos o intencionales? La fórmula es compleja, pero es necesario abordarla.

Los homicidios se dividen en dolosos (aquellos provocados con intención), y culposos (aquellos generados por causas no intencionales como pueden ser accidentes vehiculares).

Los homicidios dolosos (o lo que es lo mismo, los asesinatos intencionales) responden a patrones bien determinados: pueden aumentar o disminuir de acuerdo a factores como las políticas de gobierno, el grado de malestar social, conflictos políticos específicos, aumento en los niveles generales de delincuencia, etc.

En cambio los homicidios culposos, por tratarse de muertes accidentales, no responden a ningún patrón. Pueden aumentar o disminuir de pronto, pero es impensable que aumenten o disminuyan de manera constante durante el curso de varios meses. ¿Por qué? Porque un homicidio culposo se produciría, por ejemplo, si alguien limpiaba un arma y se le escapó un tiro que mató a otra persona, si un automovilista circulaba rápido y no pudo frenar cuando se le cruzó un peatón, o si un anestesista causó la muerte de un paciente al administrar mal la anestesia. No es realista creer que de pronto hubo accidentes de ese tipo con un arma o un vehículo, o que más anestesistas se equivocaron este mes.

En resumen: un aumento o disminución estructural es normal en el caso de los homicidios dolosos. Pero no lo es en el caso de los homicidios culposos.

Y es aquí, precisamente, donde empieza el engaño.

“Los homicidios culposos no suelen aparecer en la mayoría de las definiciones de delitos de alto impacto y llaman mucho menos la atención de los medios de comunicación” dice Fallas de origen. “Por este motivo se prestan muy bien como destino de la reclasificación de delitos. Si alguien quisiera manipular las estadísticas, el mejor lugar para ocultar los homicidios dolosos sería entre las cifras de homicidios culposos”.

Pese a que según La impunidad subnacional en México en los últimos años en Michoacán se ha avanzado en aspectos como el índice de impunidad, la clasificación de los delitos aún está lejos de ser la ideal. Lo demuestra la diferencia entre los datos que reporta el Inegi con los del SESNSP.

El motivo principal de esta diferencia en las cifras estriba en que los datos del Inegi provienen no solo de las instancias policiacas, sino además de la Secretaría de Salud (SSA) y el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (Cemece). Al respecto, México Avalúa establece que “los datos del INEGI tienen una mejor calidad que los del SESNSP en materia de homicidios intencionales”.

Pero fuera de las cifras y estudios técnicos, la realidad muestra con mucho mayor simpleza las carencias estructurales en la manera de recabar datos. La fuente policíaca consultada por este medio confirma las numerosas anomalías en cuanto a la reclasificación, la poca preparación de los elementos encargados de los protocolos de investigación o la simple corrupción.

“Muchas veces he visto cuando los elementos llegan a la escena, y sin cuidado alguno pisotean, mueven y tocan, contaminando directamente todo lo que ven”, asegura. “En ocasiones, incluso, me invitan a tomar fotografías aún antes de que lleguen los peritos. Todo eso atenta directamente contra la investigación”, asegura.

El testigo, quien es cercano a michos policías estatales, confirma que en las oficinas de la Fiscalía existen poco interés en abordar adecuadamente los protocolos, en parte debido a las malas condiciones laborales de los elementos.

En rigor, ante la serie de errores ninguna cifra puede ser confiable. Los datos del Inegi, los más certeros según todas las fuentes consultadas, establecen que en Michoacán los delitos han aumentado en los últimos años.

Sin embargo, lo que los estudios destacan no es el supuesto fracaso en los resultados del combate a la criminalidad en Michoacán, sino algo que puede llegar a ser mucho peor: que la mayor parte de eso datos sencillamente no sirven.

Las causas exactas son difícilmente identificables dada la naturaleza discrecional de estas labores. Sn embargo, los estudios establecen como principales al menos cuatro:

• Errores humanos, dado que la gran mayoría de las policías del país no cuenta con sistemas digitales para la captura y clasificación de víctimas de homicidio, que gran parte de las policías solo tienen formación inicial de pocas semanas, y que las condiciones de trabajo de los oficiales de policía y de los agentes de los ministerios públicos son deplorables;
• Homicidios intencionales se registran como culposos, debido a que los ministerios públicos tienen objetivos institucionales que en este caso consisten en presentar los mejores resultados en el menor tiempo posible;
• Capacidades rebasadas, ya que en algunos estados el número de víctimas de homicidio doloso rebasa las capacidades del estado para investigarlas; y
• Malas prácticas, dado que durante años las policías y ministerios públicos no han recibido el apoyo necesario para superar los rezagos acumulados. Es normal encontrar que estas instancias cuentan con recursos financieros escasos y con vicios organizacionales, como falta de capacidad, corrupción o disputas internas al interior de las corporaciones.

Pero las malas cifras en Michoacán no s recientes. El estudio Cada víctima cuenta indica que la mayor cantidad de homicidios dolosos supuestamente reclasificados como culposos tuvo su pico durante los gobiernos de Leonel Godoy y Fausto Vallejo:

“La manipulación de las cifras es frecuente a la hora de hacer la estadística, de lo cual se encargaba directamente la antigua PGJE sin supervisión alguna” explica el doctorante en Políticas Públicas de la Universidad Michoacana Antonio Rojas Ávila. “La creencia en la exactitud de las cifras no es más que un mero acto de fe en la ahora Procuraduría, hoy Fiscalía General del Estado (FGE). En teoría, pueden hacer lo que les dé la gana con las cifras”.

México Evalúa propone al menos cinco medidas destinadas a mejorar la manera en que se procesan los datos de la delincuencia en México.

El primero de ellos es la creación de un Comité Auditor que revise los procesos y prácticas de generación de estadística criminal en las procuradurías y fiscalías del país. “Revalidamos la necesidad de diseñar mecanismos de revisión para conocer la extensión del problema, y en ese sentido el esbozo de Comité Auditor que planteamos en 2017 en el estudio Cada víctima cuenta es un buen punto de partida.

La segunda propuesta son auditorías escalonadas que incluyan a cuatro entidades por cada año, comenzando con las entidades que han sido mal calificadas en el ICEC.

La tercera consiste en mejorar la manera de gestionar incentivos como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). “Hoy los montos que reciben las entidades están determinados por una fórmula que ayuda a definir la cantidad que recibirá cada uno. Dada la importancia que tiene reportar la incidencia delictiva de manera íntegra, proponemos que los resultados de instrumentos como el ICEC se tomen en cuenta en esas fórmulas”.

La cuarta medida es regular la información que compone las cifras sobre delincuencia en México, de modo de establecer procedimientos homologados y transparentes para que las entidades procesen la información de la misma forma.

Y la última propuesta es la georreferenciación, definida como el establecimiento preciso del lugar específico en donde se cometen los delitos. La asociación indica que como antecedente, en enero de 2019, la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México dio un paso importante al presentar una plataforma donde se reportan mensualmente las carpetas de investigación para varios delitos, información que incluye las coordenadas donde ocurrió.

LAS CONSECUENCIAS DIRECTAS

—Sigue en la cárcel. Estará al menos hasta 2021. Espero que no salga, porque tiene la condena de mi hija pendiente. Pero el asesino de mi hija será mi vecino… Su casa fue subastada y sabemos que tiene familia aquí al lado.

—Llevo un largo año sufriendo calumnias que nada tiene que ver con la verdad. Di todo lo mejor a mi niña, la protegí como pude y un cruel desalmado, monstruo, malnacido, se la ha llevado sin pagar. La pérdida para mí es totalmente irreparable, porque sé que este dolor me acompañará toda mi vida. Lucharé por la verdad y la justicia… hoy el malnacido que mató a mi hija sigue libre.

—Le dije a Dios que lo perdonaba, porque sí perdono. Pero siento que todavía tengo algo aquí en el corazón. Siempre ando buscando la manera de que se haga justicia. Perdono, pero no olvido. He llegado a llorar sangre y yo no quiero eso. Yo quiero que se haga justicia. Ya no espero que maten al asesino de mi hijo, quiero que lo metan preso. Pero no sucede.

Los testimonios anteriores son reales y sucedieron en México. Las vidas casi literalmente truncadas pueden ser una de las consecuencias directas de la impunidad inherente que en muchos casos genera la mala investigación de un crimen. Leobardo Jaimes, psicólogo y maestro en Filosofía de la Cultura de la Universidad Michoacana, explica algunas de las implicancias en términos psicológicos:

“Desconfiar de los aparatos que en teoría entregan puede hacer posible dos consecuencias: primero, que una persona tome la ley por sus propias manos. Pero también puede producir lo contrario: terror, angustia de pensar que el asesino anda suelto, que puede ir por alguien más de la familia… Se vive enteramente bajo el terror. Finalmente es la víctima quien acaba encerrándose, y no el asesino”.

También, asegura Jaimes, ese quiebre personal sumado a los efectos de una mala investigación formal puede generar consecuencias a nivel social:

“La impunidad puede generar extrema impotencia, y una de las consecuencias posibles es que una persona, más allá del dolor, caiga en un estado completo de indiferencia ante el sistema, y termine siendo completamente insensible a su relación con su entorno, incluidas las demás personas”.

El propio estudio Cada víctima cuenta grafica –de forma hipotética, pero certera– las implicancias de esa realidad en el país.

“Imagine usted que alguien decide asesinarle. ¿Qué es lo mínimo que esperaría? Que llegue la policía o procuraduría, registre su caso, abra una investigación seria, colecte pruebas y evidencias, interrogue testigos, capture al asesino y lo lleve a juicio. Ahí un fiscal presentará las evidencias y dará elementos a un juez para dictar una sentencia contra él, la o los culpables que, se supondría, pasarían años en prisión como consecuencia a su conducta.

“Pero ¿qué pasaría si el primer paso nunca sucede? ¿Qué ocurriría si al llegar la policía o ministerio público a recoger su cuerpo, un oficial o agente decide que no va a levantar un reporte por homicidio? ¿Qué sucedería si, contra la evidencia clara de que usted recibió tres disparos, o un golpe fatal en la cabeza, los policías o los agentes de las procuradurías anotan accidente doméstico en su reporte?

“Este escenario podría estar ocurriendo ahora mismo”.

Hoy, todos los datos indican que ese escenario ocurre ahora mismo en Michoacán.

FUENTES ORIGINALES:

• https://www.mexicoevalua.org/2017/03/07/cada-victima-cuenta-hacia-un-sistema-de-informacion-delictiva-confiable-2/#prettyPhoto
• https://www.mexicoevalua.org/fallas-origen-2019-indice-confiabilidad-la-estadistica-criminal-icec/
• https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf
• https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/