Redacción
En Michoacán se castigará a los empleados bancarios que participen en el robo a usuarios y podrán alcanzar una pena de hasta diez años de prisión, a propuesta de la diputada Lucila Martínez Manríquez, lo cual fue avalado por unanimidad por el Pleno de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado.
Este sábado los diputados aprobaron la reforma al artículo 204 del Código Penal para el Estado planteada por la legisladora, la cuál celebró que se apoyará dicha propuesta.
En artículo en mención, establece que en el robo calificado grave se aumentará la pena del delito de robo hasta diez años de prisión, y con la reforma avalada se estipula que esta sanción será también para aquellos trabajadores a quienes se les acredite su participación, ya sea uno o varios trabajadores de instituciones bancarias los que participen, y quienes aprovechándose de la información a la que tienen acceso, son cómplices del delito.
Dicha reforma -destacó la diputada local- responde a las demandas de las y los michoacanos, y es con el objetivo de castigar con mayor rigor a los cómplices de los asaltantes a cuentahabientes, por lo que celebró el respaldo de todos los integrantes de la LXXIV Legislatura Local.
Lucila Martínez hizo hincapié que, con esta reforma Michoacán se pone a la vanguardia y es referente a nivel nacional para combatir este tipo de hechos que tanto lastiman a la sociedad y que en los últimos años se ha incrementado su incidencia.
En la argumentación de la legisladora se destaca que, ante el incremento en la tasa de delitos cometidos en contra de los usuarios bancarios, era apremiante legislar en la materia, con la finalidad de castigar con mayor rigor a quienes son cómplices de los delincuentes.
El fenómeno del robo a usuarios bancarios se ha disparado en diversas regiones, en el caso de Michoacán, especialmente en Morelia, y en casi todos los robos coinciden el mismo modus operandi, ya que las victimas aseguran que los delincuentes no dudan en ir directo en contra de ellos y saben cuánto sacaron, así como datos específicos.
Hizo mención que era una necesidad reforzar la legislación local para combatir este delito, aunado a implementar acciones coordinadas, ya que este tipo de ilícitos han cobrado la vida de muchos ciudadanos, además del gran daño que generan a las familias y sociedad en su conjunto.
Según las encuestas de percepción de inseguridad, son los cajeros automáticos y las instituciones bancarias en donde los ciudadanos sienten la mayor inseguridad, incluso más que en zonas inseguras de sus demarcaciones y ciudades.
Dejo claro que con esta reforma, no se pretende criminalizar a los trabajadores de las instituciones bancarias, por lo que se establece que se deberá demostrar la complicidad o participación en el hecho delictivo.
Con esta reforma se podrá castigar con mayor ahínco a los cómplices de los asaltantes e inhibir su participación, al establecer en el Código Penal las circunstancias que agraven la responsabilidad de todos aquellos que participen en el hecho delictivo.
