Héctor Tapia
El dictamen que avalaron por mayoría las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública y la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de la Ley de Ingresos del Estado, que contempla una nueva deuda de 4 mil 90 millones de pesos y la reestructura de más de 17 mil millones de pesos, es ilegal y puede judicializar la misma, refirió el legislador Alfredo Ramírez Bedolla.
Este dictamen, que fue avalado por mayoría la madrugada de este domingo, está “viciado de origen” porque en la Ley de Ingresos se contempló tanto la reestructura como una nueva deuda, cuando estos deben ir por separado para dictaminarse aparte.
Cabe apuntar que quienes votaron en contra este dictamen fueron Cristina Portillo de Morena y Hugo Anaya y Arturo Hernández del PAN; mientras que Norberto Martínez y Octavio Ocampo del PRD, Ernesto Núñez por el Verde, Yarabí Ávila y Adriana Hernández por el PRI, Baltazar Gaona por el PT y Wilma Zavala de la Representación Parlamentaria, votaron a favor.
Al integrar la Secretaría de Fianzas y Administración (SFA) de Ejecutivo del Estado estos dos aspectos en la Ley de Ingresos pretende que se vote por mayoría simple (es decir con el 50%+1 de los diputados) y no que se haga por mayoría calificada de manera específica lo relativo a la nueva deuda, como lo establece la misma Ley, detalló.
Ramírez Bedolla dijo que para el caso del refinanciamiento o reestructura de más de 17 mil millones de pesos, este aspecto sí lo puede hacer el ejecutivo sin consultar al Congreso.
Sin embargo, esta misma premisa la usaron para incluir lo relativo a una nueva deuda por 4 mil 90 millones de pesos en la Ley de Ingresos, y eso –dijo- es un error, ya que “no se puede mezclar una cosa con la otra”.
“Lo legal es hacer dos dictámenes, uno para la deuda, y uno para la Ley de Ingresos con los montos del refinanciamiento”, explicó, y detalló que “la votación para aprobar la Ley de Ingresos es la mitad más uno, de acuerdo a la Ley de Contabilidad, y para votar la deuda son dos terceras partes, según la Ley de Deuda Pública”, refirió.
Por ello destacó que de pasarse este dictamen así tal como lo avalaron en las Comisiones Unidas “se estará cometiendo una ilegalidad”.
Por ello, dijo Alfredo Ramírez, “nos podemos ir a algún instrumento legal para tumbar el procedimiento”, dado que las comisiones incurrieron en una violación, y se les pueden fincar responsabilidades, dado que “el dictamen está viciado”.
“No solo es un tema de debate, sino que la técnica legislativa y legal no se cumplió, si lo pasan así podría tener consecuencias de dejar sin efecto esas partes”, señaló, y reconoció a su vez que este dictamen, con todo y los vicios que señala, se estaría presentando al pleno para su votación, lo que derivaría en que se judicializará.
