Raúl López Téllez
El desvanecimiento de observaciones por más de 250 millones de pesos en la cuenta pública 2017 de las auditorías superiores de la Federación y del Estado, al igual que el involucramiento en la llamada “estafa maestra”, son temas que sigue sin transparentar plenamente la Rectoría de la Universidad Michoacana.
Si bien tales pendientes fueron señalamientos por las instancias correspondientes hacia administraciones anteriores a la actual Rectoría que encabeza Raúl Cárdenas Navarro, existe una responsabilidad institucional sobre el desvanecimiento de las observaciones de las auditorías superiores.
En marzo del 2019, tres meses después de haber iniciado la actual administración en la UM, el tesorero Rodrigo Gómez Monge aseguró que se trabajaba a marchas forzadas para el desvanecimiento de las observaciones ante un plazo de 30 días, aunque hasta la fecha no se sabe el resultado del proceso de manera oficial.
En sus declaraciones en aquella fecha, el funcionario reconoció que sobre el irregular ejercicio presupuestal en el 2017, se recibieron 18 observaciones, cinco de las cuales se habrían atendido en el momento y de las 13 restantes, en siete se habría dado respuesta de carácter administrativo y seis son las que estarían sujetas a “un pliego de observaciones”, con menos de 80 millones de pesos por desvanecer ante la federación, y de 180 mil pesos ante la correspondiente al estado.
En cuanto a la “estafa maestra”, las autoridades federales solicitaron mediante oficio un reporte sobre el tema, al haberse involucrado en el caso varias áreas de la Universidad Michoacana y que implicarían recursos por 11 millones de pesos. Hasta agosto pasado, de acuerdo con el contralor Rodrigo Tavera Ochoa, no había señalamiento contra ningún ex funcionario no obstante que aceptó que había varios involucrados y áreas identificadas, pero apeló a la secrecía de la investigación –con un 70 por ciento de avance, dijo-, para reservarse los detalles.
El tema cobró relevancia nacional por una investigación periodística realizada en el 2017 y que en el caso de la institución, cobró fuerza con la detención en julio del 2019 de Rosario Robles, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) le sigue un proceso por el caso de la triangulación en el desvío de recursos hacia las universidades cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la versión de Tavera Ochoa, ofrecida a los medios en agosto, en marzo del 2016 se firmó un convenio entre la UM y la Conagua, “para dar servicio en materia jurídica sobre clasificación, análisis y estudio de interpretación a procedimientos en materia penal, tenencia de la tierra, transparencia y acceso a la información, así como procesos para la clasificación y reserva de expedientes de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Conagua a nivel federal”, con el pago de la dependencia a la UM por 11 millones 77 mil 304 pesos y aunque la UM señaló poseer la capacidad técnica, la Auditoría Superior de la Federación estableció que no se justificó plenamente la misma para realizar tal proyecto.
