Raúl López Téllez
En una evidente violación e indiferencia a las normas respectivas, los sindicatos del sector educativo mantienen en su mayoría la opacidad sobre el ejercicio de recursos públicos estatales, tanto por una “resistencia” a plegarse como sujetos obligados a las normas de transparencia y rendición de cuentas, como por un rezago en el órgano garante en el estado para dictaminar procesos de verificación que se arrastran desde el 2018 y que ha emitido sólo dos observaciones hasta la fecha.
Los gremios, de acuerdo a los señalamientos que le impone la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, están obligados a proporcionar desde sus estatutos, hasta actas de asamblea pasando por la toma de nota, el padrón de afiliados y el detalle de los gastos de los recursos en informes financieros, ya sea económicamente o en especie, lo que en su generalidad omiten los sindicatos, como se puede observar en sus portales y muros.
Sólo ocho de un total de 45 referentes sindicales que reciben recursos públicos y que los convierte en sujetos obligados, se encuentran integrados al padrón del IMAIP, los que cumplen medianamente con las normas de transparencia y acceso a la información, con menos de un 50 por ciento en su acatamiento, de acuerdo con la comisionada presidenta del Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública (IMAIP), Reyna Lizbeth Ortega Silva, quien refiere que atrás del incumplimiento en la mayoría de los casos hay indiferencia hacia las normas por parte de los gremios, que los obligan a transparentar su información y el destino de los recursos públicos que reciben.
Con la reforma del 2014 de la Ley General de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, señala, los sindicatos se incluyeron como sujetos obligados a trasparentar sus funciones y en estos cinco años, “ha costado a nivel nacional que observen los lineamientos”, reconoció de los gremios. De las denuncias recibidas, dijo que en su mayoría se dirigen a requerir los estatutos, el padrón de miembros y las actas de asamblea. En el caso del registro de afiliados, recordó que por norma los padrones son públicos, pero los acotan ciertos rubros que involucran a la protección de daros personales, como su domicilio o “el respeto a su libertad sindical”.
En el padrón 2019, dijo, se encuentran 28 sindicatos, de los que 8 son del sector educativo: los de Profesores y Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SPUM y SUEUM, respectivamente), Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia (SUTUTEM), Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SITCBEM), Trabajadores Unidos del Colegio de Bachilleres (STUCOBAEM), de Trabajadores del Conalep (SUTCONALEP), de Trabajadores del Tecnológico de Coalcomán (STTC) y Único de Trabajadores del Tecnológico Superior de Pátzcuaro (SUTTSP), algunos de ellos desde el 2018 sujetos a un proceso de verificación, “el cual sigue abierto”.
El hecho de que hasta ahora no se haya emitido ninguna sanción al respecto, pese a observaciones emitidas con la revisión del año pasado, lo atribuyó al número de casos por atender de 270 sujetos obligados ante el IMAIP. En este proceso, dijo que han emitido dos observaciones a igual número de gremios, los de la Universidad Michoacana, por incumplimiento en transparencia. En 2018, sólo se tuvo una denuncia ciudadana en contra de un gremio, y en el 2019 se incrementaron, con 21 denuncias que deben ser verificadas al estar obligados ahora a su atención de oficio.
Los gremios tienen 20 días para subsanar las observaciones luego de iniciar la investigación, de no ser así, se amplía el plazo otros cinco días para que presente un informe y en caso de no cubrirse estos plazos, entonces “vamos por los medios de apremio, amonestación pública o sanción económica, de 150 a mil 500 unidades de medida”.
Señala que “nos ha costado” que los gremios transparenten su información a través de sus portales. De los procesos que se habrían iniciado desde el año 209 a la dirigencia del SPUM, señaló que se han manejado prórrogas al aducir problemas técnicos o administrativos por parte del gremio.
El marco legal
La funcionaria manifestó que “es una obligación para los sindicatos, tanto en los portales como en plataforma”, transparentar el uso de los recursos. Refirió los artículos 70, 78 y 79 enfocados a los sindicatos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde éste último plantea que “deberán mantener actualizada y accesible” la “relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan”.
El artículo 78 refiere que es obligación de autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral, poner a disposición la información de sindicatos desde domicilio, número de registro, integrantes de sus comités ejecutivos y comisiones, número de socios al igual que la toma de nota de autoridades laborales, estatuto, padrón de socios, actas de asamblea, reglamentos interiores de trabajo y contratos colectivos.
El artículo 70, establece por su parte la obligatoriedad para los sujetos obligados en temas, documentos y políticas que deberán cubrir en términos generales para su disposición y actualización al público.
A juicio de Ortega Silva y en este contexto, no hay intencionalidad de los gremios en su negativa a transparentarse, sino “resistencia” la que prevalece en esa falta de cumplimiento y que establece en menos de un 50 por ciento.
Calculó que en febrero de este año concluirían el proceso de verificación 2019 y “empezar con los medios de apremio, si nos vamos con amonestaciones públicas o sanciones”, a lo que por lo que señaló previamente, estarían expuestos los sindicatos registrados.
Sobre la falta de personal o infraestructura para superar los rezagos, confió en que tras el proceso para elegir a un nuevo comisionado en el IMAIP, “se le pueda dar mayor celeridad”.
Con 932 recursos y más de 200 denuncias ciudadanas, en términos generales, fue el cierre del 2019 para el IMAIP. Para su comisionada presidenta, no hay riesgo de que se caiga en “periodos de gracia” involuntarios hacia los sujetos obligados ante el rezago que prevalece, aunque lo real es que la opacidad prevalece por parte de los mismos.
Los portales
En su mayoría, los portales de los entes referidos por la comisionada presidenta del IMAIP registran datos incompletos. En el caso de los sindicatos de la Universidad Michoacana, el SPUM fue amonestado públicamente el 21 de marzo del 2019, aunque hasta la fecha no ha sido sancionado y en su portal el apartado de “Transparencia” ni siquiera aparece.
Respecto al SUEUM, en la misma fecha se dio a conocer que el gremio interpuso un amparo para no transparentar su información. De acuerdo con su dirigente, Eduardo Tena Flores, la excusa es que no reciben recursos directos, no obstante que la ley señala que estos deben reportarse ya sea en efectivo o en especie, como es el caso de algunas prestaciones incluidas en los contratos colectivos de trabajo.
Del SITCBEM, los datos relativos al 2019 solo abarcan hasta junio del mismo año, aunque al ir a los formularios, éstos no incluyen datos como sueldos de los funcionarios sindicales, monto de recursos que reciben o suerte de las licitaciones públicas, por ejemplo, al igual que no se detallan los conceptos, los montos y los participantes. Lo mismo ocurre con el padrón de contratistas, las altas y bajas de sindicalizados o su inventario de bienes muebles e inmuebles, mucho menos un informe financiero a socios, rubro que no existe en el portal (https://www.sitcbem.org/transparencia.html).
En el caso del STUCOBAEM, la información –con rubros incompletos por igual-, se remite al año 2017 (https://stucobaem.org/?page_id=85).
Respecto al SUTUTEM, cabe señalar que carece de página electrónica, con solo un muro en Facebook, donde en algunas opiniones se pueden leer descalificativos como “es un sindicato corrupto que ha hecho mucho daño a la Universidad”, donde además la información más reciente remite a octubre del 2019 y solo en relación a la figura del ex dirigente Gerardo Bolaños, quien desde el año 2015 recibía –presuntamente hasta el año anterior-, 6 millones de pesos “sin justificación ni rendición de cuenta alguna” y que desde el 2017 llevó a legisladores federales a demandar auditar las arcas sindicales, sin éxito hasta la fecha.
Sobre el SITUTEM, no existe ni página ni muro. En los gremios del SUTCONALEP y de los tecnológicos de Pátzcuaro y Coalcomán, sólo existen muros en FB, con información fuera de tiempo.
