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El voto por la huelga, un voto en contra de la dirigencia del SPUM: Delegados


Raúl López Téllez

El voto de 773 delegados del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) que optaron por la huelga, fue un voto en contra de la dirigencia que encabeza Jorge Luis Ávila Rojas, consideraron delegados y académicos que, reiteraron, se cuenta con la mayoría legal para mantener las banderas rojinegras en la institución, colocadas ayer viernes a las 18:00 horas.
En un comunicado, los delegados y académicos en activo señalan que el Comité Ejecutivo General del SPUM intenta aún y con la huelga iniciada declarar que no hay una mayoría legal, lo que a su juicio no es válido al aducir que el artículo 451 de la Ley Federal del Trabajo señala que debe contarse con el voto de la mayoría de los trabajadores presentes, como ocurrió en la sesión del Consejo General de Representantes del pasado viernes, donde la votación se distribuyó así: 773 votos a favor de la huelga, contra 522 por la prórroga, con 56 abstenciones y solo dos votos en contra.
De acuerdo con los delegados, ante la inminencia de la huelga en la Casa de Hidalgo, la dirigencia de Ávila Rojas intentó con un documento de Rectoría, amedrentar las votaciones en las secciones sindicales, al aducir, en base a la versión de las autoridades universitarias, que si no se votaba por la prorroga se estará en riesgo de que no se pagara el 75 por ciento restante del aguinaldo, que se adeuda no obstante la promesa de la administración del rector Raúl Cárdenas Navarro de que con la aceptación a la reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones –que avaló la dirigencia del SPUM y del Sindicato de Trabajadores (STUMICH)-, se cubrirían los pagos de diciembre.
La otra opción para evitar la huelga, señalan, fue la postura del propio secretario del Trabajo del SPÜM, Vicente Martínez Hinojosa, quien adujo en la misma sesión del Consejo que los votos de una “minoría” de representantes llevaría a que la autoridad laboral desconozca el estallido, versión que fue refutada al señalarse que como se reclama el 50 más uno en una votación, cuando el señalamiento de la LFT es claro y no fue el criterio exigido cuando presuntamente una “mayoría” de representantes aprobó en consultas la reforma a Pensiones planteada por la Rectoría, impugnada por el grupo de académicos, jubilados y delegados al señalar que en la misma sólo participaron más de 30 por ciento de sindicalizados.
Según los delegados, otro intento de lograr la prorroga fue permitir la participación dentro del Consejo General de Representantes del rector Raúl Cárdenas Navarro, para que expusiera las “razones” por las cuales la UM enfrenta el déficit presupuestal y prometer que si no iniciaba la huelga se pagaría el viernes siguiente el resto del aguinaldo, lo que fue rechazado con los 773 votos a favor de la huelga. Además, la visita del funcionario, aducen, violó la autonomía sindical al permitir la injerencia de la autoridad, de acuerdo con el artículo 133 de la LFT.
De acuerdo los delegados, en el voto a favor de ir a la huelga influyó “el incumplimiento” de la Rectoría que prometió que con la reforma a Pensiones se efectuarían los pagos completos, lo que no ocurrió así e incluso mantiene sin salario y prestaciones de diciembre a los agremiados al Sindicato Único de Empleados (SUEUM), por no avalar una reforma que, destacaron, demuestra con los votos a favor de la huelga que no cuenta con el consenso mayoritario.
En cuanto a la actuación de la autoridad laboral, señalan que el acuerdo de la Junta de Conciliación y Arbitraje del día 17, “sólo autoriza la suspensión de actividades académicas, no el resguardo de instalaciones ni guardias de 24 horas ni permanencia de todos los días que dure la huelga”, lo que a su juicio son “inconsistencias y engaños” a que recurre el CEG del SPUM promovidas a su juicio por Vicente Martínez Hinojosa, “que por sus imprecisiones legales concedió a la autoridad de la UMSNH la primera huelga de puertas abiertas en el 2016”.
Finalmente, exigen a la dirigencia sindical que “se destete de la autoridad y que devuelva los beneficios y prerrogativas que les fueron entregados”, además de considerar que “es tiempo de exigir al CEG su renuncia, por esta coludidos con la autoridad”.

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