América Juárez Navarro
Morelia, Mich., Michoacán es un estado consumidor de drogas sintéticas, aseguró Alfredo Ramírez Bedolla, al señalar con el Informe de Investigación 2019 realizado por el Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas, señala que el mayor consumo en Michoacán es de mariguana, seguido de metanfetaminas y benzodiacepinas; sin embargo, el dato más alarmante es que nuestra entidad registra un consumo de metanfetaminas y benzodiacepinas superior a la media nacional.
También refirió que el mismo Informe señala a la población entre 15 y 19 años de edad en Michoacán como la más propicia a iniciar en el consumo de drogas ilícitas, lo que nos indica la urgencia de enfocar nuestros esfuerzos en la atención de ese sector tan vulnerable.
En el marco el foro Atención y Prevención de Adicciones “Juntos por la Paz”, organizado por el diputado Alfredo Ramírez Bedolla en el Congreso del Estado, dijo que la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, realizada en 2014, identificó que a nivel nacional el 3.3% de los estudiantes de 5° y 6° grado de educación primaria (10 a 12 años, aproximadamente) habían consumido drogas ilegales alguna vez en la vida, mientras que entre estudiantes de secundaria y bachillerato la prevalencia es notablemente más alta, de 17.2%.
“Las adicciones impactan en la incidencia delictiva; de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, el 85% de los homicidios dolosos en la entidad están vinculados con alguna adicción, y lo mismo sucede con delitos menores como robo. Los delitos contra la salud representan un importante porcentaje de las personas que se encuentra privadas de su libertad, tanto del fuero federal como de fuero común. Y la modalidad de este delito por la cual se lleva a cabo el mayor número de sentencias es por posesión de drogas (48.6%), seguido de transporte (24.5%) y comercio (13.7%), según la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad, que realizó el INEGI en 2016” comentó.
Mencionó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, articulada en tres ejes torales: Educación, Salud y Comunicación, comentó que se busca que Michoacán se incorpore a esa estrategia nacional y que su aportación sea un fundamento jurídico, porque actualmente en nuestro estado no existe legislación en la materia. Con el propósito de revertir ese vacío legal, en octubre pasado presentamos la iniciativa de Ley Estatal de Prevención, Atención y Combate de Adicciones.
Esta propuesta mencionó que establece que el Poder Ejecutivo del Estado, por medio de la Secretaría de Salud, establecerá Centros de Tratamiento, al menos en cada una de las 10 regiones socioeconómicas del estado (CAPA) para llevar a cabo el tratamiento integral, atención y rehabilitación de adictos o farmacodependientes, y la atención integral de las adicciones con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad del adicto, con apego en los derechos humanos, perspectiva de género y por los usos y costumbres de las comunidades indígenas.
A la par, la ley crea el Consejo Estatal de Atención a las Adicciones, que seguirá las políticas públicas que desde la federación se dictan para la atención integral de las adicciones, y propondrá nuevos programas; además, se coordinará con los consejos municipales que también creamos en la presente ley.
La iniciativa regula también los centros privados de atención de adicciones, o albergues de farmacodependientes, que actualmente operan al margen de la ley, ningún centro de atención para adicciones, podrá prestar servicios sin contar con la licencia municipal correspondiente y sin haber cumplido con los protocolos y visto buenos de la autoridad municipal de protección civil, además de los requisitos sanitarios y de personal que exijan las Normas oficiales y la legislación en la materia.
Finalmente mencionó que se crea esta iniciativa en Michoacán el programa de justicia terapéutica, que es una alternativa al proceso ordinario por delitos menores y patrimoniales sin violencia, la persona en conflicto con la ley por delitos patrimoniales sin violencia, por sí misma o a través de su defensor, podrá solicitar por escrito al Juez de Control o Juez de Ejecución someterse al programa, se dan a los ayuntamientos las armas legales para clausurar de forma permanente aquellos establecimientos comerciales que vendan alcohol a menores de edad o estupefacientes.
