Por Óscar Carbajal
El derecho a la protección de datos personales ha sido fortalecido de gran manera en los últimos años dentro de nuestro país, dándonos la garantía de poder saber quién maneja los mismos y para qué son usados, siempre y cuando nosotros autoricemos su manejo.
Este derecho de nuevo entra a la arena de conflicto, toda vez que el pasado 22 de enero de 2020, se hizo pública la solicitud hecha por la Secretaria de Gobierno de la República al INE, para que este órgano autónomo entregara la información recabada de los 89 millones de mexicanos inscritos al padrón electoral, con el fin de construir la “Cedula de identificación”.
La razón de crear una cedula de identificación de acuerdo a lo anunciado por el gobierno federal, es garantizar la identidad de cada uno de los mexicanos y con esto evitar la duplicidad en los padrones de beneficiarios de los programas sociales, apoyándose en los datos biométricos, cómo lo es, la huella digital; lo que puede generar una serie de preguntas que incomodarían al mismo gobierno, partiendo con ¿Por qué debería existir duplicidad en los padrones, si se supone son administrados por ellos mismos sin corrupción alguna?
Retomando el conflicto, nos topamos con la postura del INE, a palabras de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, presidente y consejero respectivamente del instituto, de acuerdo a las leyes respectivas para el cuidado de los datos personales, no será entregada la información requerida a la Secretaría de Gobierno, teniendo como fundamento que no existe una ruta legal que pueda justificar el que se transfieran los datos citados, sin que se cuente con la aprobación del ciudadano respectivo.
Pero, ¿Por qué se causa este conflicto? La razón nace en la Constitución General del país y en los instrumentos internacionales a los que México está suscrito, que nos dan el derecho a que sean protegidos nuestros datos personales y a su vez, se generen consecuencias legales a quien haga uso indebido de los mismos, llámese compartirlos con alguna empresa o ente público, aún y cuando lo solicite la misma Secretaría de Gobierno.
Ante dicha postura, han surgido argumentos que van desde apoyar lo que el INE ha contestado ante tal solicitud, así como al crucificar dicho rechazo por no querer atender la petición hecha por la ex ministra Olga Sánchez Cordero.
Si bien, la Secretaría de Gobernación tiene en su poder los datos incluidos en el Registro Nacional de Población, el hecho de querer obtener los datos biométricos, de domicilio, edad y demás datos que la credencial para votar emitida por la autoridad administrativa, no existe certeza del debido manejo de los datos antes descritos.
La solicitud que ha generado controversia entre el INE y SEGOB, va en contra de lo que se estableció dentro de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, misma ley que al tener carácter de general está cubierta de la constitucionalidad necesaria para ser atendida en todo momento, más si este tema es una colisión entre dos sujetos obligados.
Tal parece que el conflicto que se ha generado por conseguir los datos personales de los mexicanos inscritos en el padrón electoral, no ha previsto que se tiene que atender el término de “consentimiento” aprobado en la Ley, lo cual es entendido como la manifestación de la voluntad libre, específica e informada del titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos.
Cada uno de los mexicanos debemos tener presente que, los datos que se le otorgan a las empresas y sujetos obligados, tienen el consentimiento expreso para el manejo de los mismos, que cada dato que sea otorgado, es fundamental para poder desarrollar una sociedad más transparente, pero también, más fortalecida.
Ahora bien, no me sorprendería que se comience con un litigio para que la Secretaria de Gobierno tenga en su poder nuestros datos a raíz de una orden judicial, de tal forma que, todos aquellos que estemos inscritos en el padrón electoral, apareceríamos en el registro de la SEGOB.
Pero, mientras eso ocurre, sin permiso no hay datos, cada persona es libre de decidir a quién otorga sus datos y a quien le prohíbe el uso de los mismos, el conocimiento de los derechos ARCO, que internacionalmente han cuidado el manejo de los mismos, nos ayudan y sería bueno que las solicitudes hechas por alguien que se encargó de administrar justica en este país, sean apegadas a los derechos humanos.
