Redacción
Ciudad de México a 3 de febrero de 2020.- Aprobar la Ley Antilavado y dotar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de herramientas para la lucha contra la corrupción y el combate al uso de recursos de procedencia ilícita, será una de las prioridades de Morena en el segundo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados.
El diputado federal de Morena, Carlos Torres Piña, aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado grandes resultados, ya que en 2019 registró 160 denuncias ante la Fiscalía General de la República, un récord histórico desde su creación, por un monto de 286 mil millones de pesos en retiros y 317 mil millones en depósitos.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se reunió con los legisladores de Morena durante el desarrollo de la Plenaria en la que definen lo que será su agenda legislativa. Ahí el funcionario de la 4T informó que el año pasado se bloquearon más de 12 mil cuentas bancarias relacionadas a operaciones irregulares que ascienden a cuatro mil 554 millones de pesos.
Lo que significa que en 2019, prácticamente se triplicaron el número de cuentas bloqueadas por operaciones sospechosas con respecto a 2017, además de que la unidad bloqueó a mil 371 personas por corrupción política, trafico de drogas y trata de personas.
“Con esos resultados creemos que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, es fundamental fortalecer las acciones de investigación e inteligencia financiera que desarticulan las redes de corrupción y mafias, pero desde las más altas esferas”, aseguró.
Torres Piña explicó que actualmente, la Ley Antilavado se analiza en comisiones en el Senado de la República pero que una vez aprobada, pasará a la Cámara de Diputados donde se impulsará para que México cumpla con los 40 estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GFI), ya que actualmente sólo alcanza 15 de estos.
Además, esta iniciativa que busca la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita incluirá por primera vez, los recursos relacionados al financiamiento del terrorismo y pondrá especial atención a los fideicomisos usados en los sexenios pasados como fachadas a organizaciones de corrupción política.
