Por: David Alejandro Delgado Arroyo*
Un 10 de Febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma político electoral que creó al Instituto Nacional Electoral sobre la base del Instituto Federal Electoral; el cambio de Federal a Nacional se debió sustancialmente a que se le dieron algunas atribuciones de organización de elecciones locales, así como atribuciones especiales para coordinar el sistema nacional electoral, en el cual a las instituciones electorales de las entidades federativas se les denominó genéricamente como organismos públicos locales electorales.
Dicha reforma significó un incremento sustancial de atribuciones a la autoridad electoral ahora de carácter nacional, aunque si entendemos por nacional ejercer atribuciones en elecciones tanto federales como locales, ya tenía el IFE atribuciones de esa naturaleza como el Registro Federal de Electores que se utilizaba tanto en elecciones locales y federales, como la administración de los tiempos de radio y televisión que también se ejercía por el IFE en elecciones locales y federales.
A estas se le agregó la ubicación e integración de casillas, así como la capacitación de sus integrantes; la geografía electoral para determinar tanto distritaciones federales como locales; la fiscalización de partidos y candidaturas tanto federales como locales, entre otras atribuciones. Ni se diga de las atribuciones de nombramiento, remoción, atracción, asunción, delegación y control (del servicio profesional electoral nacional).
Dicha reforma tuvo la idea de reducir el costo electoral con elecciones concurrentes que abatieran gastos en algunos rubros como la propia instalación e integración de casillas, pero también disminuir la presión política que significaban elecciones tan frecuentes que evitaban tramos de negociaciones en un espacio plural. Aunque claro hay una crítica sobre la veracidad de la consecuencia de la reducción de costo electoral, pero ese análisis debe considerar el constante aumento de la población ciudadana.
La agregación de atribuciones en elecciones locales al Instituto Nacional Electoral fue viable precisamente porque desde la creación del organismo público encargado de organizar las elecciones federales por conducto de la reforma constitucional del 6 de abril de 1990 (por ello este año se celebran los 30 años de la institucionalidad electoral) se estableció constitucionalmente que “los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán de personal calificado necesario para prestar el servicio electoral profesional…”.
La profesionalización de la autoridad electoral consagrada en nuestro artículo 41 Constitucional fue una de las reformas fundamentales para crear la institucionalidad electoral, de manera que el personal de la autoridad electoral trascendiera a las elecciones, a los partidos y a los gobiernos; generando un sólido cemento que ha resistido hasta la fecha las situaciones más críticas que ha vivido la autoridad encargada de garantizar el sufragio efectivo en medio de la lucha por el poder.
De manera que el éxito de la profesionalización del IFE, que inclusive es reconocida internacionalmente, fue una garantía para otorgar al naciente INE las atribuciones ya referidas en materia de elecciones locales e inclusive extender su naturaleza a los organismos públicos locales electorales, donde la reforma obligó que se crearan plazas del servicio profesional electoral nacional, bajo el control del Instituto Nacional Electoral.
El Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, que es el que contiene los derechos y obligaciones del personal del Instituto Nacional Electoral, así como los sistemas de reclutamiento, capacitación, evaluación y disciplinario que cuenta el servicio profesional electoral nacional, además de las normas de control que se ejercen sobre la rama del mismo en los organismos públicos locales electorales; establece en el capítulo de las prestaciones económicas y sociales: “Celebrar el 10 de febrero como día del personal del Instituto otorgando como día de asueto la fecha que determine la Junta”.
Agrego que el personal del Instituto no está constituido ni por “una camarilla de torcedores de la voluntad popular”, “ni por círculos de amigos danzando por cargos y destinos que se consolidaron como grupos de poder”, que de vez en vez profieren personajes que no conocen a la Institución; ya que es uno de los pocos espacios del Estado Mexicano donde solo el mérito, el desempeño y el apego a principios rectores como la imparcialidad, la legalidad, la objetividad, la certeza y la máxima publicidad; permiten la permanencia y ascenso de mexicanas y mexicanos que no cuentan con ninguna pertenencia a camarillas políticas.
Por ello, es momento de compartir mi orgullo por pertenecer a este cuerpo de funcionarias y funcionarios que a lo largo de casi tres décadas han logrado consolidar una autoridad que concrete el anhelo de la revolución mexicana de sufragio efectivo; que permita que cada ciudadana y ciudadano tenga en su cartera una identificación; y que sea reconocida internacionalmente. Que afronte elecciones que estuvieron en riesgo por un levantamiento armando que aproximaba un choque de trenes como lo fue las elecciones de 1994; que salga en hombros como en las elecciones de la primera transición de partido en el poder en 2000, que afronte las descalificaciones injustificadas que se aducían sobre atribuciones que no se tenían ante un resultado muy estrecho como en 2006; que logre consolidar como ninguna otra autoridad electoral en el mundo una administración de tiempos en radio y televisión en materia electoral como en las elecciones de la segunda transición en 2012; o que logre construir un sistema de fiscalización también único en el mundo para partidos y candidaturas federales y locales en las elecciones de la tercera transición de partido en el poder.
Así el personal del Instituto, tanto del servicio profesional electoral nacional como de la rama administrativa tenemos la certeza de que nuestras fuentes de empleo están ligadas a nuestro desempeño y nada más; pero siempre con el afán de perfeccionar cada una de las actividades y procedimientos, afrontando movilizaciones sociales, inseguridad, catástrofes naturales, sumando a toda la diversidad y demás retos que nos ofrece una función que debe desarrollarse en cada uno de los rincones del país; más allá inclusive de horarios y días de descanso.
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*David Alejandro Delgado Arroyo, es Vocal Ejecutivo del INE en Michoacán
